El abogado Alonso Medina Roa informó este jueves 22 de octubre que el Ministerio Público formalizó nuevas imputaciones contra dos funcionarios de la DGCIM implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, hecho ocurrido en junio de 2019.
Los nuevos cargos que los fiscales les impusieron a los funcionarios Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto son homicidio calificado con alevosía y tortura.
Vale recordar que el pasado 6 de octubre el TSJ decidió dejar sin efecto la causa procesal por la cual se acusaba a los dos funcionarios castrenses y ordenaba la reposición de todo el procedimiento judicial.
Poco después de la muerte de Acosta Arévalo el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, decidió condenar a solo seis años y ocho meses de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento segundo Estiben José Zarate, ambos de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim.
Pese a que la nueva decisión es considerada como un gran avance por parte de defensores de derechos humanos y por la misma Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, al señalar que es un importante paso contra la tortura, desde la ong PROVEA se cree que la medida es insuficiente si no se sanciona también a la juez que sentenció el año pasado.
«Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría actuaron de manera coordinada buscando garantizar impunidad», asevera Marino Alvarado, integrante del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea.
Alvarado revela que esta nueva imputación realizada por el Ministerio Público «pone en evidencia la complicidad del fiscal Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, con la primera imputación y con la sentencia».
Igualmente el activista de derechos humanos cree que si ambos funcionarios tuvieran dignidad deberían renunciar porque el «Tribunal Supremo de Justicia los desenmascaró», sentencia.
