La pobreza en las familias de los presos y presas políticas en Nicaragua ha aumentado, según un estudio realizado por la Unidad de Defensa Jurídica.
La coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica, Alexandra Salazar, informó que con la privación de libertad de aquellos que piensan distinto, el gobierno ocasionó pérdida en el ingreso familiar.
Al impacto económico directo a la economía familiar de los presos políticos también se suman los gastos en paquetería y transporte para atender las necesidades de las personas presas.
Además, muchos de los presos políticos eran el sostén de sus familias y las privaciones de libertad han ocasionado impactos más devastadores.
Según Salazar, la economía de las familias de los presos políticos ya estaban en el umbral de pobreza y ahora con los gastos que implica la atención del familiar preso la situación es crítica. La mayoría de las familias ya no tienen para satisfacer la canasta básica alimentaria.
Alto porcentaje de los presos políticos en Nicaragua están enfermos
De acuerdo con el estudio de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el 82 % de las personas presas políticas presentan algún tipo de patología médica.
El estado de salud sería una consecuencia directa de las malas condiciones de la infraestructura y de reclusión en los centros penitenciarios.
“A esto se suma la tortura y los tratos crueles que han sufrido durante su reclusión”, dijo Salazar.
Violencia de género como consecuencia de la persecución política
“Por otra parte la violencia política ha conllevado un retroceso grave en materia de género, la tendencia a un incremento desproporcionado de sobrecargar a las mujeres del núcleo familiar. Esta sobrecarga se da tanto a nivel de trabajo productivos como a nivel del cuido de los dependientes del hogar”, dijo Salazar.
De acuerdo con Salazar, el 78 % de las féminas con un familiar preso tiene a su cargo a menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.
A juicio de Salazar, esta situación es una doble condena: “Esto supone una doble condena: por una parte la que sufre una persona privada de libertad; y por otra parte aquella que afecta a su familia, especialmente a los menores de edad y adultos mayores”.
Pese a que el gobierno asegura que en Nicaragua no existen presos políticos, las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado las graves condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad solo por pensar diferente.
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