Este lunes, 14 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), publicó un informe sobre la situación en Venezuela en el que asegura que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte, desde al menos abril de 2017.
En el texto se lee que «dado el alcance y el rango de los diferentes crímenes presuntamente cometidos en el contexto de la situación, la Fiscalía centró su análisis en un subgrupo particular de alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficientemente detallada y confiable en lo que se refiere a los elementos específicos de los crímenes del Estatuto de Roma».
En el documento se señala a miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno (de Nicolás Maduro) quienes «han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional: tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos».
Los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (”DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”).
