Tras el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de repetir las elecciones en Barinas, el Foro Cívico de Venezuela expresó su desacuerdo con esta decisión, la cual considera como «una intromisión inadmisible y arbitraria».
Foro Cívico acusa al Estado de perseguir «la permanencia de un único grupo político en el poder» al desconocer el Decreto Presidencial del 31 de agosto de 2020, mediante el cual se concedieron indultos a 110 ciudadanos, entre los que se encontraba el candidato Freddy Superlano.
La sentencia 79-2021 de la Sala Electoral del TSJ apela a que Superlano se encontraba inhabilitado para cargos de elección popular desde agosto de este año. De acuerdo con especialistas, esta controversia por el caso Barinas pone en tela de juicio la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aceptó a Superlano como candidato en el entendido de que su inhabilitación había sido levantada.
Un CNE cuestionable
Para la organización, el TSJ pone en «grave peligro» los avances logrados en el camino de la reconstrucción de la institucionalidad electoral y la vigencia de los derechos políticos de los venezolanos. De por sí, ya los venezolanos en diversas encuestas expresaban su falta de confianza hacia el órgano electoral.
«Frente a dicha circunstancia, es absolutamente crítico que el cuerpo rectoral del Consejo Nacional Electoral haga respetar su autonomía, demostrando con acciones nítidas su compromiso con la reinstitucionalización, la defensa sin matices del derecho a elegir y a ser elegido y la recuperación de la convivencia democrática», expone el comunicado de Foro Cívico.
«Le corresponde además al CNE rendir cuentas sobre los procedimientos que permitieron la inscripción de una candidatura sobre la que supuestamente existía una inhabilitación política», continúa el texto.
Foro Cívico afirmó que las sentencias del TSJ representan un importante retroceso para los actores políticos y sociales que trabajan desde hace tiempo en la búsqueda de una solución negociada a la crisis venezolana. Por ello, exhorta al Estado a respetar la soberanía popular expresada en las urnas el domingo 21 de noviembre y a apoyar la decisión de la ciudadanía.
«(…) la ruta electoral, la única vía con que cuentan los venezolanos para superar, en última instancia, el grave conflicto político, económico y social que padece el país», concluye el documento.
