La ONG Foro penal alertó de las fallas legales que a su juicio tiene la Ley Contra el Fascismo, consideran que representa un “golpe a las garantías constitucionales”, a la libertad de expresión y de conciencia.
La ley se aprobó en primera discusión el pasado 2 de abril. La vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo la presentación y la justificación en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la organización no gubernamental cree que el instrumento “no está redactada desde una perspectiva técnica legislativa correcta, sino desde la perspectiva de un ideólogo político”.
En rueda de prensa, el vicepresidente del Foro Penal, Gnzalo Himiob dijo que se evidencia que la formulación de tipos penales responde a “disposiciones sancionatorias que no cumplen con la precisión o certeza del principio de legalidad contenido en la Constitución”.
Himiob alertó que las sanciones penales, previstas en la ley son “extremadamente amplias y sometidos a la más absoluta discrecionalidad para su aplicación”.
Ley contra el fascismo y ley contra el odio
El abogado comparó esta con la Ley Contra el Odio, que se aprobó por decreto y puede ocasionar “irregularidades muy grandes, donde el criterio subjetivo de quién aplica la ley defina si una persona está cometiendo delito o no”.
Alertó que cuando se promulgó, a través de un decreto ley, la Ley Contra el Odio se incurrió en esta misma falla técnica legislativa.
De acuerdo con el abogado, desde 2018, cuando se promulgó la Ley contra el odio, 79 personas han sido procesadas bajo esta norma.
“Si esto pasó con esta Ley Contra el Odio, no hay garantía alguna, tal como está formulada, que en la Ley Contra el Fascismo se sigan utilizando las mismas fórmulas y esto conlleve a la criminalización arbitraria”.
¿Qué busca la ley?
La vicepresidenta explicó que la ley prohibiría “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política”.
“Se prohíbe, igualmente, la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan o hagan apología o se fundamenten en el fascismo”.
El tercer capítulo del proyecto de ley “crea una alta comisión contra el fascismo, neofacismo y expresiones similares”.
Por último, el cuarto capítulo “consagra una serie de sanciones penales y administrativas por incumplimiento de la ley”.
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