El Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, ordenó el cierre de otras100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Con esta cifra, suman las 958 organizaciones sin fines de lucro disueltas en ese país.
Esta información la confirmó el Poder Legislativo este domingo 10 de julio, a petición del Ejecutivo; y a través del Ministerio de Gobernación, la cual presentó el diputado Filiberto Rodríguez ante la Asamblea Nacional.
A juicio de Rodríguez, las ONG usaron recursos de las donaciones recibidas para presuntamente derrocar al Gobierno de Daniel Ortega en las manifestaciones que se registraron en Nicaragua en abril de 2018. Pese a su acusación, el funcionario no presentó pruebas.
Vale recordar que hace cuatro años los ciudadanos nicaragüenses protestaron en las calles para alzar su voz en contra de las reformas a la seguridad social. Peticiones que se volvieron en exigencia de renuncia de Ortega porque éste respondió con represión a la población.
Estas manifestaciones dejaron como saldo al menos unas 35 personas muertas, según datos recabados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; aunque según los organismos locales nicaragüenses afirmaron que la cifra superó las 680 víctimas.
Entretanto, el Jefe del Parlamento, Gustavo Porras, expresó que la ilegalización de estas organizaciones es parte de un proceso de ordenamiento “de algo que estaba al garete”. Esto responde a que supuestamente varias de éstas no estaban funcionando; mientras que otras incumplían con los reglamentos obligatorios de ley, entre esas, no rendían cuentas o no cumplían con sus piopios estatutos.
En esta nueva lista de organizaciones afectadas hay asociaciones de defensa de derechos humanos, medio ambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología.
