En un comunicado emitido este martes 9 de enero de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro expresó su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que negó la revisión de la sentencia emitida por la Corte de Delaware, permitiendo así la subasta de las acciones de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El comunicado afirma que este fallo confirma un “grave perjuicio” causado al patrimonio del pueblo venezolano en el marco de una “agresión multiforme” por parte de instituciones estadounidenses.
El gobierno de Maduro responsabiliza a la Asamblea Nacional de 2015 por impedir acciones para proteger a Citgo y vulnerar acuerdos internacionales.
La oposición también rechazó el fallo de la Corte
La oposición venezolana también emitió un comunicado rechazando la decisión de la Corte Suprema y proponiendo acuerdos negociados con los acreedores en lugar del proceso de venta.
La junta administradora ad hoc de Pdvsa, designada por la oposición luego del “gobierno interino” de Juan Guaidó, considera que la venta no es el método más apropiado y aboga por soluciones consensuadas.
Cabe destacar que Citgo se encuentra en el centro de reclamos judiciales que superan los 20.000 millones de dólares.
El control de la empresa fue entregado a la oposición en 2019 por Estados Unidos, que no reconocía al gobierno de Maduro desde ese año, hasta ahora.
Por su parte, el gobierno venezolano afirma que continuará tomando medidas políticas, diplomáticas y jurídicas para evitar la “consumación del despojo definitivo” de Citgo y exigirá sanciones contra los responsables del presunto robo de este activo.
¿Qué implica el fallo?
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. abre la posibilidad de que otras empresas, como Siemens Energy, Rusoro Mining, O-I Glass, o Huntington Ingalls, participen en el reparto de beneficios derivados de la subasta de las acciones de Citgo.
Estas empresas solicitaron al tribunal, con sede en Delaware, intervenir en el caso tras las negociaciones iniciadas por Crystallex y ConocoPhillips con la dirección de Citgo.
Crystallex, en busca de un reclamo de 970 millones de dólares a Venezuela, y ConocoPhillips, con una reclamación de aproximadamente 10.000 millones de dólares (equivalentes a 9.131 millones de euros), son parte de un grupo de acreedores que busca compensaciones por antiguas expropiaciones de activos petroleros y mineros, así como deudas pendientes por cancelar del Gobierno y Pdvsa.
Citgo, con sede en Houston (Texas, EE. UU.) y valorada en alrededor de 12.000 millones de dólares, posee tres refinerías en Estados Unidos, seis oleoductos y cerca de 4.200 estaciones de servicio.
En sintaxis, el fallo permite que estas empresas se sumen al proceso, ampliando el alcance de la disputa y las posibles implicaciones financieras para Venezuela.
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