La Organización Internacional del Trabajo, OIT, consideró que el gobierno de Nicolás Maduro viola los convenios internacionales y los derechos de los trabajadores.
Según un informe de la Comisión de Encuesta publicado por el organismo, el gobierno venezolano violó los convenios de consulta de fijación de salarios y de libertad sindical.
Así lo explicó el coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Unete, Servando Carbone, quien detalló que, según el informe, el gobierno de Maduro ha perseguido a dirigentes sindicales y ha excluido a organizaciones de trabajadores para favorecer a otras por razones políticas.
De acuerdo con Carbone, el gobierno nacional estaría violando el convenio 26, relacionado con la fijación de los salarios mínimos; el 86, que contempla la libertad sindical y el 144 que contempla la participación tripartita.
«La Comisión de Encuesta que vino a Venezuela, conformada por tres magistrados, hizo diferentes entrevistas y fueron elaborando este informe que consta de 253 folios» dijo el dirigente sindical.
Se violan derechos a la libertad sindical
Carbone hizo énfasis en los casos de Rodney Álvarez y el de Rubén González que, según el informe de la OIT entran entre las violaciones más graves a la Constitución de la organización.
En el caso de Álvarez, el documento señala que el trabajador fue acusado de asesinar a un compañero durante una actividad sindical.Sin embargo, tras ocho años privado de libertad, no se ha llegado a una decisión judicial.
En su artículo 413, el informe señala que «se habían rechazado varias solicitudes de medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad y no se había dado respuesta a un recurso de amparo presentado por la defensa privada por retraso judicial y denegación de justicia ante la sala constitucional del TSJ».
De inmediato, la organización expresa su preocupación por el hecho, sentenciando que «el hecho de mantener a un sindicalista encarcelado por tantos años sin sentencia recaída, constituye un muy serio atentado al debido proceso y un acto gravemente violatorio de la libertad sindical», señaló.
Más adelante, en el artículo 415, el informe condena la actuación de los cuerpos de seguridad en la detención de los líderes sindicales, explicando que la evidencia presentada, así como la negativa de sus autoridades a rendir cuentas, «resultan graves indicios de que los mismos actuaron con un objetivo represivo e intimidatorio…».
En ese aspecto, el informe detalló los casos de Rubén González, Julio García, Rosmary Di Pietro, Omar Escalante y otros dirigentes sindicales.
Trabajadores con salarios «lamentables»
Servando Carbone también destacó que todos los trabajadores del país reciben «salarios precarios y lamentables», detallando que el salario más alto según la clasificación laboral es de 150 mil bolívares.
«Eso se convierte en un salario precario que se convierte entre 2 y 7 dólares. (…) Ganas 40 mil bolívares más el bono de alimentación, son 65 mil bolívares. Pero con eso no puedes comprar absolutamente porque una harina está en 25 mil…» dijo el sindicalista.
Para él, el gobierno nacional tiene un plan de «esclavizar a las clases trabajadoras», haciéndoles dependientes de programas como los CLAP.
«Aquí tenemos que decidir si comemos o pagamos un pasaje, no sirven los ascensores, no hay luz. Estamos en la etapa más precaria de la administración pública», señaló, asegurando que ésto se debe a la mala administración pública.
Respecto a este tema, Carbone consideró que la única solución que ofrece el gabinete de Maduro no es la más adecuada, decretar aumentos de salarios unilaterales. Reiterando que esto viola el convenio 144 de la OIT.
