La Fiscalía de Guatemala exige una pena de 2.860 años de cárcel para el general retirado Benedicto Lucas García señalado por el exterminio de indígenas en la guerra civil (1960-1996).
La fiscal Mercedes Morales lidera las gestiones del órgano que representa y ya solicitó, mediante documento ante el tribunal, una condena severa para el general.
De acuerdo con las exigencias de Mercedes Morales, se debe condenar al general retirado Benedicto Lucas García a 30 años de cárcel por genocidio, 30 años por crímenes de lesa humanidad y otros 2.860 de prisión por la desaparición forzada de 70 personas.
“Se establece que la intención del acusado era la de destruir al pueblo étnico maya ixil, a quienes (las Fuerzas Armadas) consideraron como enemigo interno” durante la guerra, dijo la fiscal.
El general retirado cumple una condena de 58 años de cárcel impuesta en 2018 por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana cuya familia era señalada de “subversiva” en 1981.
El impedimento legal en Guatemala
La petición de Morales se ha encontrado con una pared legal que difícilmente podrá superar porque la leyes de Guatemala en esta materia establecen una pena máxima de 50 años.
Tras el pedido de la fiscalía, la sociedad guatemalteca debate sobre la polémica exigencia; algunos sectores cuestionan el pedido por considerarlo absurdo. Mientras que otros apoyan la solicitud por considerar que es justa y que las violaciones de Derechos Humanos se deben castigar con severidad.
También hay quienes abogan por una reforma judicial inmediata que incluya castigos ejemplares para personas como Benedicto Lucas García.
No obstante, algunos creen que la medida no es necesaria debido a que el general tiene 92 años, está postrado en una cama y sigue sus audiencias por videoconferencia.
Al militar, de 92 años, lo juzgan por su rol en las matanzas de más de 1.200 indígenas a quienes acusaron de apoyar a guerrilleros entre 1978 y 1982. Para el momento de los hechos, gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García.
Por cierto, el dictador falleció en Venezuela en 2006.
Pruebas de crímenes de lesa humanidad
Durante los siete meses del juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y el testimonio de sobrevivientes, entre otras pruebas. Se espera que la próxima semana el tribunal dicte la sentencia.
La fiscal agregó que en las operaciones militares hubo “ensañamiento” contra las víctimas. Aseguró que aplicaron estas prácticas contra niños, ancianos y mujeres embarazadas.
Incluso, algunos habrían sido mutilados o severamente heridos aún en condiciones de gravedad y con plena conciencia. “Luego de ejecutarlos, o aún con vida en algunos de los casos, se les quemó”, indicó.
Con información de AFP y EFE
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