La cúpula que gobierna en Venezuela activando su maquinaria de propaganda ha presentado una derrota como victoria. La Corte Penal Internacional (CPI) le dijo no a una petición solicitada por el gobierno. Fue presentada con el único propósito de retardar la decisión sobre la continuidad o no de la investigación de los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado. Les preocupa pueda llegar el momento antes que se realicen elecciones en 2024 que se dicten algunas órdenes de captura o de comparecencia contra personas que hoy ocupan cargos de alta responsabilidad en la estructura gubernamental. Le temen se avance en el camino hacia la justicia.
Dónde está la maniobra propagandística de quienes detentan el poder. En el hecho de interpretar de manera interesada y fraudulenta la expresión usada por los jueces de la Corte de “potenciales víctimas” al referirse a la consulta realizada a las víctimas venezolanas para que se pronunciaran si estaban o no de acuerdo en que el Fiscal Karim Khan continúe investigando.
Según la cúpula que gobierna, con esa expresión la Corte niega que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad y por lo tanto que haya víctimas de tales hechos.
Ciertamente la CPI usó esa expresión porque es la que viene empleando en la actual etapa del procedimiento tanto para la situación de Venezuela como de otros países. A la fecha no se ha identificado un caso y unos sospechosos ello no quiere decir que no hayan ocurrido crímenes y no existan criminales. Precisamente la investigación busca identificar presuntos responsables.
Supongamos que la Corte abriera un caso denominado “organismos de inteligencia” para referirse a los crímenes perpetrados por dos conocidos organismos de inteligencia acusados de prácticas de tortura incluyendo el asesinato. Ese caso tendría una victimas concretas: personas detenidas arbitrariamente, torturadas, familiares de personas asesinadas. Tendría también unos presuntos responsables. Formalmente habría unas victimas y unos sospechosos de los crímenes. Le tocará a la Fiscalía de la Corte establecer el nivel de responsabilidad de esas personas que han sido identificadas como probables responsables.
La expresión “potenciales víctimas” no le quita fuerza ni a la investigación ni a la participación que a futuro tengan los afectados por los crímenes.
La Corte además ya en comunicaciones anteriores ha usado la expresión víctimas. En el informe publicado recientemente en su página web sobre la consulta acerca de la continuidad o no de la investigación puede leerse:
“Los familiares de las víctimas, incluidas esposas, esposos, parejas, madres, padres, abuelas y abuelos, hijas, hijos, hermanas y hermanos, así como tutores y cuidadores, presentaron sus puntos de vista y preocupaciones. Las víctimas que participaron en el proceso también incluyeron defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo; pensionistas; periodistas, medios, blogueros y usuarios de redes sociales, agricultores y comerciantes; así como trabajadores de los sectores humanitario, de salud y público; incluidos jueces, fiscales, abogados, ex policías y militares, etc.”
De tal manera que la propaganda y su empeño de confundir le sirve de poco a quienes hoy se regocijan de disfrutar de impunidad.
Somos optimistas que los jueces autorizarán a la Fiscalía a seguir investigando y los perpetradores de los crímenes seguirán conociendo lo que es un sistema de justicia independiente.
Marino Alvarado es activista de derechos humanos y miembro de Provea. @marinoalvarado
Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores
