Pedro Arturo Moreno, del comité de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, denunció que en Venezuela existe una violación continuada de derechos humanos contra los trabajadores y contra la dirigencia sindical.
Calificó estos hechos como una nueva «razzia» contra el sindicalismo autónomo.
En específico, se refirió que en lo que va de 2020 se han producido 20 detenciones de trabajadores y dirigentes sindicales. Estas detenciones van acompañadas de otros enjuiciamientos a un centenar de trabajadores que quedan sometidos al régimen de presentación.
Uno de los casos más sonados es el que se lleva contra el secretario general de Ferrominera, Rubén González, quien tiene 15 meses detenido de una sentencia de 5 años de prisión impuesta por un tribunal militar.
González viene padeciendo de problemas de salud desde hace dos meses y requiere de atención especializada. Moreno señaló que desde los tribunales «se han hecho de oídos sordos de los ruegos de su familia y amigos para que pudiera cumplir esta injusta condena desde su casa».
Aseguró que tanto la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mencionaron este caso como emblemático de la violación del derecho sindical.
Visibilizan otros casos más
Agregaó el representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela que con estas denuncias que han dado a conocer a través de los medios de comunicación, tratan de visibilizar otros casos más.
En este sentido, habló del caso de Rodney Álvarez, otro trabajador de Ferrominera del Orinoco. Lleva 8 años detenido y se le acusa de un crimen sin que hasta los momentos se hayan mostrado evidencias de su culpabilidad.
Este lunes 10 de febrero, día de una nueva audiencia, creen que Álvarez sea sentenciado. Recibirá solidaridad de algunos trabajadores de Argentina quienes irán a la sede la embajada de Venezuela en Buenos Aires para protestar por este caso.
La lista sigue aumentando. Existen las causas de los dirigentes sindicales de empleados públicos del estado Sucre, Ramón Gómez, Carlos Ochoa y César Morales. El 1ro de febrero les fue dictada una medida de privativa de libertad.
Su único delito fue exigir que la gobernación de Sucre le cancele 65.5 millones de bolívares a cada trabajador por incumplimiento de contratación colectiva. Fueron aprehendidos en un acto “totalmente pacífico», señaló Moreno.
Sin embargo, este viernes fueron liberados los tres dirigentes sindicales y se espera que este lunes se les confirme su régimen de presentación ante el tribunal respectivo. En un primer momento fueron acusados de agavillamiento e incitación al odio.
Otra situación que se registró el lunes 3 de febrero fue la de Jesús Guevara y Edgar Torres, trabajadores de la siderúrgica de la planca Casima y detenidos por la DGCIM.
Antes, denunció Moreno, habían sido amedrentados y se les advirtió de que si seguían protestando, les iban a aplicar lo mismo que a Rubén González. ¿Cuál fue su delito? Pegar unos papeles donde exigían salarios dignos. Demandaban que se cumpliera el artículo 91 de la Constitución nacional.
Adicionalmente se presentó el caso de la detención de tres trabajadores de la refinería de Amuay. Son acusados de terrorismo y sabotaje por el origen de un incendio que se debe a la falta de mantenimiento preventivo que deben tener estas plantas industriales. Ellos son Nelson Bustillos, Juan Medina y Freddy Reinosa.
Igualmente les llama la atención la actuación de la GNB en la refinería de El Palito donde fueron aprehendidos los dirigentes sindicales del sector petrolero Freddy Sabariego y Gil Mujica.
Ellos aún permanecen encarcelados en el Destacamento 25 de la GNB de Puerto Cabello. Se encontraban participando en una asamblea de trabajadores donde se discutían las desmejoras progresivas de los trabajadores de la industria petrolera.
Para el dirigente del comité de derechos humanos de esta central de trabajadores en Venezuela, se presenta «una circunstancia donde el levantamiento de los trabajadores exigiendo sus reivindicaciones está siendo impedido, incluso hasta las más mínimas luchas pacíficas y protestas».
Atribuyó esta conducta del gobierno, a través de sus cuerpos de seguridad y del sistema de justicia, «a razones políticas contra los propios trabajadores».
Las milicias obreras
En su cúmulo de denuncias, el «cetevista» también se quejó de «la obligatoriedad de crear milicias obreras para defender el proceso revolucionario. Los uniformes de trabajo son militares y el supuesto principal dirigente de la central oficialista de trabajadores es un teniente de la milicia».
Para Moreno, esta práctica es totalmente antagónica porque «el ejercicio de la función sindical necesariamente, apegado a los convenios 87 y 98 de la OIT, habla de libertad sindical. Cuando un dirigente sindical es asignado a una milicia, se debe a una disciplina militar y los dirigentes sindicales se deben a sus afiliados, a sus trabajadores», explicó el también defensor de derechos humanos.
En cuanto a los problemas económicosm aseveró que los que más sufren son los trabajadores de la administración pública.
«Se está dando la apertura de una economía anarquizada. Una dolarización salvaje que ha permitido que los principales beneficiarios de esta política sean los importadores que va en detrimento de la producción nacional, de la creación de puestos de trabajo productivo y de los derechos laborales de los trabajadores», añadió.
Pero a su criterio, el panorama en el sector privado tampoco es alentador. Muchos de los trabajadores de las empresas privadas están recibiendo emolumentos en divisas que nunca van a aparecer en su salario. Esto quiere decir que todas las conquistas sobre la seguridad social, sobre la necesidad de que el salario tenga una correspondencia con la capacidad de adquisición, quedaron en letra muerta.
Finalmente se refirió a que las actuales políticas del gobierno nacional son «negatorias de la producción industrial, producción agrícola, investigación científica, reinvención de las universidades, que se abran nuevos centros de tecnología».
Añoran además la capacitación y formación de mano de obra a través del INCE. Del mismo modo, apuestan por la recuperación de la industria de la construcción, la producción agroalimentaria, la industria metalúrgica y la industria asociada con la extracción de minerales.