Este 11 de mayo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presentó su informe anual número 33 correspondiente al 2021. Según este informe las políticas desarrolladas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, están generando “desigualdad histórica”.
De acuerdo con este informe, las brechas entre empleados públicos y privados se ampliaron: 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.
En el sector privado, solo 10% no es pobre, y en el sector público, solo el 4%. La crisis de movilidad afectó aún más las ocupaciones y oportunidades laborales de los pobres.
En cuanto a la alimentación Provea expresó que “el hambre en Venezuela continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable”.
Señaló que la FAO estimó un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021, 38,4% en 2021-2023 y 61,7% en 2028-2030.
“Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre”, se lee en el informe.
Añadió que esto fue más acentuado en los hogares en pobreza extrema, que redujeron el gasto en alimentos en 13,3% en este mismo periodo.
La organización aseguró que el acceso económico a los alimentos continúa siendo precario debido al incremento constante de precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares. En ese sentido citó a la Sociedad Venezolana de Pediatría que reveló que el 20% de los niños menores de 6 seis meses sufren de desnutrición.
14 derechos vulnerados
Según Provea, 14 derechos humanos fueron vulnerados entre enero y diciembre del año 2021.
De acuerdo con la organización la institucionalidad en Venezuela vivió un momento «muy crítico durante el año 2021».
«El Estado fue intervencionista y controlador», refiere el informe.
El Poder Judicial fue uno de los poderes más cuestionados a través de las actuaciones de los órganos que lo componen.
Por otra parte, el Poder Electoral tampoco tuvo un positivo. Según Provea, en el 2021 el CNE también fue uno de las instituciones del Estado que fue parte de una crisis institucional severa. Además, es señalado como un factor clave en «erosión de la representatividad de las fuerzas políticas».
La pensión de los adultos mayores pasó en mayo de Bs. 1,8 a Bs. 7 bolívares digitales. Como contrapartida, las remesas familiares se transformó en uno de los motores de la economía de Venezuela y ya representa al menos el 10% del PIB, un dato que supera unas cinco veces el ingreso por venta de petróleo.
«Las amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico» fueron persistentes en Venezuela. Factores políticos y defensores laborales y de Derechos Humanos fueron el centro de los ataques.
Servicio sanitario
Provea registró un total de 71.186 denuncias de personas que sufrieron vulneraciones del derecho en los centros de salud públicos de Venezuela, un incremento de 340% con respecto al año anterior 2020.
Letalidad policial
Provea registró 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año 2021. Provea asegura que esta es una práctica de Estado ejecutada de forma sistemática desde el 2015. Aunado a los asesinatos también fueron realizados de forma sistemática las privaciones arbitrarias.
Los organismos militares y policiales también son señalados por el uso desproporcionado de la fuerza. De esta manera obviaron las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza.
Entre los meses de enero y diciembre de 2021, Provea registró un total de 241 víctimas de torturas. Esto representó un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020, y el segundo registro más alto de los últimos 33 años.
