Sectores sociales de Panamá iniciaron las movilizaciones en protestas contra un contrato minero que finalmente fue aprobada a favor de la empresa canadiense First Quantum.
Según un reporte de Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela, las manifestaciones también apuntan contra la corrupción.
La ley que permite la suscripción del contrato entre el Estado y Minera Panamá, que es la filial de First Quantun, fue aprobada por el parlamento nacional. Luego de esta probación, el Ejecutivo panameño apuró el proceso para concretar la firma del contrato. Antes había estado paralizado justamente esperando por la decisión del parlamento.
Ahora la empresa First Quantum podrá explotar cobre en una zona boscosa y rica en biodiversidad al norte de Panamá.
En el inicio de las manifestaciones, varios sectores sociales como el de construcción, el sector educativo, gremios de profesionales y organizaciones no gubernamentales, se integraron a las protestas.
Bloqueos de calles, marchas en las calles de Panamá y protestas frente algunas organizaciones gubernamentales (ONG), son parte de esta jornada de movilizaciones.
Las protestas se están diseminando a lo largo de Panamá con el liderazgo de varias ONG y defensores del medio ambiente.
Suspensión de las actividades
El gobierno argumenta que esta concesión es la inversión privada más grande en la historia del país. El inicio de la explotación minera supondría para Panamá el ingreso de 6 mil millones de dólares.
Anticipando la jornada de protestas, el Ministerio de Educación suspendió las clases. La Universidad de Panamá, que es la universidad pública más importante del país, también decidió suspender las actividades académicas.
El contrato ha recibido un fuerte rechazo de la población por el riesgo que supondría para el medio ambiente.
Los críticos sostienen que el Estado hizo demasiadas concesiones a la minería y advierten sobre el impacto ambiental de la actividad a cielo abierto en una zona boscosa y de enorme importancia hídrica. Ambientalistas, sindicalistas y la sociedad civil piden que se derogue el contrato y se convoque a un referendo para someter a votación la política en ese sector.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.
