El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela) presentó el balance de su último informe titulado «Información pública en Venezuela: un derecho bajo control y silencio» donde denunció que el Estado venezolano sigue con una marcada política de secretismo y opacidad.
Estas dos cualidades negativas se han vuelto un obstáculo constante para las organizaciones no gubernamentales y para los medios de comunicación en Venezuela, según el instituto dedicado al periodismo de investigación y al derecho a la libertad de expresión.
Todos los organismos del Estado venezolano son herméticos, opacos o muy restrictivos con las informaciones de interés público que deberían estar disponible para todo público, destaca el informe.
Sin embargo, uno de los sectores de mayor restricción y opacidad es el sistema de justicia a través del Ministerio Público. Las restricciones son mayores cuando la investigación está relacionada con temas álgidos que pueden involucrar directamente a altos funcionarios activos del ejecutivo nacional.
Los temas más complejos de indagar en las instituciones del Estado comprende desde temas petroleros, sanitarios y de justicia, siendo los tres asuntos más opacos en Venezuela.
En el campo de la salud, durante los dos últimos años las investigaciones relacionadas con la COVID-19, la vacunas y los números reales sobre el Coronavirus fueron objeto de una restricción casi absoluta.
Según IPYS-Venezuela una consulta realizada en septiembre permitió constatar que durante el último año al menos 45 solicitudes formales de información no fueron respondidas por el Estado.
Esta falta de respuesta fueron experimentadas por El Pitazo, Crónica Uno, el Observatorio Venezolano de la Salud y Transparencia Venezuela luego de realizar el ejercicio de su derecho a consultar sobre datos de interés público.
La falta de respuestas por parte de las autoridades junto a la ausencia de informaciones oficiales a través de los mecanismos de transparencia activa y pasiva ha acrecentado el déficit democrático en el país.
No solo han desaparecido las ruedas de prensa como espacios para proporcionar a los periodistas y medios de comunicación noticias importantes para la sociedad, además son inexistentes las declaraciones oficiales por parte de los funcionarios públicos sobre temas relevantes.
Monitoreo a los organismos e instituciones
Tomando en cuenta el deber de los sujetos obligados de difundir de manera proactiva la información pública, sin que medie una solicitud, para garantizar el acceso a la información, el equipo de Libertades Informativas de IPYS Venezuela realizó un monitoreo a los sitios web del Banco Central de Venezuela (BCV), el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Asamblea Nacional (AN) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), del 1 al 15 de septiembre, para evaluar la eficacia de estas plataformas como canales para la transparencia activa.
Los aspectos a evaluar en los cuatro portales oficiales fueron la disponibilidad, accesibilidad y calidad del presupuesto asignado para 2022, la ejecución de dicho presupuesto y el reporte de rendición de cuentas correspondiente a 2021 de cada institución.
Se pudo constatar que esta información no se encuentra publicada en los sitios web de estos entes ni en ninguna otra página oficial.
Por su parte, el MPPS no publica el boletín epidemiológico semanal desde 2016. Destacó además que el portal del organismo de salud, reestructurado durante la segunda semana de septiembre, no contiene los canales de comunicación de la institución, pues la página “Direcciones” está en blanco. La información de contacto tampoco estaba disponible antes del cambio de imagen del sitio web.
La Asamblea Nacional (AN), por su parte, tampoco dispone de forma detallada y de fácil acceso la información correspondiente a su presupuesto para 2022.
Solo en una nota de prensa con fecha del 14 de diciembre de 2021, se habla de la partida económica para el Poder Legislativo. En la publicación se menciona que para el “Ejercicio Económico Financiero 2022” de este Poder fue aprobado un monto de 53.232.347 bolívares. A pesar de esto, no hay información detallada sobre la distribución del dinero en ningún otro lugar de la página.
Opacidad activa
Según IPYS, el gobierno de Venezuela ejerce lo que denomina la opacidad activa, fenómeno que se caracteriza por la difusión de información muy limitada en contenido y asiduidad.
Es decir, publican informaciones muy generales y en periodos de tiempos muy largos. En su mayoría, las cuentas digitales oficiales redifunden mensajes redundantes de la presidencia.
Respecto a las redes sociales, Twitter e Instagram fueron las plataformas más actualizadas por los órganos monitoreados. En el caso de Facebook, solo el Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Salud postearon contenidos en un rango menor a las 24 horas.
En las redes del MPPS, CONATEL y la AN se observó la publicación de propaganda, vinculada principalmente con declaraciones y mensajes de Nicolás Maduro.
Los retuits y publicaciones estaban originalmente disponibles en los perfiles del jefe del Ejecutivo. También fue recurrente la difusión de efemérides, sobre todo en las redes sociales de CONATEL y la Asamblea Nacional.
Hubo 35 vulneraciones a la libertad en nueve meses
De acuerdo con el monitoreo de violaciones a la libertad de expresión en el país de IPYS-Venezuela, entre enero y el 27 de septiembre de 2022, 35 vulneraciones al acceso a la información pública comprendidas por 30 limitaciones de acceso a instituciones públicas o lugares donde se asignaron coberturas periodísticas, y cinco negativas para el intercambio con funcionarios públicos o restricciones del derecho a preguntar de los reporteros.
Las violaciones registradas afectaron las labores de 59 trabajadores de la prensa, de los cuales 45 son reporteros, 9 reporteros gráficos y 5 camarógrafos. Los principales victimarios de estos hechos fueron los efectivos de cuerpos de seguridad del Estado, responsables en 18 incidentes.
