Yhoger Contreras, coordinador del equipo de monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, señaló que fueron confirmadas 35 violaciones al acceso a la información pública en los primeros nueve meses del 2022.
Contreras lo reportó este lunes 10 de octubre en el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, donde aclaró que estas violaciones estuvieron dirigidas a trabajadores de la prensa, restringiendo el acceso a la información a los centros de votación durante el mes de enero cuando se realizó la repetición de los comicios electorales en el estado Barinas; allí varios periodistas fueron limitados, impedidos y restringidos a realizar la cobertura informativa.
Asimismo, indicó que otro de los elementos claves vinculados con las restricciones de acceso a la información pública que la organización logró constatar, estuvo sujeta a las protestas ciudadanas en diferentes estados del país.
Sin acceso
Por otra parte, dijo que surgieron restricciones vinculadas a la cobertura de la fuente de salud.
“Hemos tenido reportes de periodistas que confirman que muchos comunicadores ingresan a los centros de salud de manera camuflada, para cubrir las situaciones y registrar las denuncias en estos escenarios”, apuntó.
Contreras insistió en que el acceso a la información en Venezuela cada vez está más restringido, no sólo en los espacios físicos, sino también en los digitales.
“Es recurrente que muchos periodistas en el país denuncien que instituciones públicas limiten el acceso a reporteros a los grupos de redes sociales (WhatsApp), por donde emiten información”, señaló.
En relación a la poca o nula información en los portales web de instituciones del Estado, sobre el tema de presupuesto y rendición de cuentas, Contreras dijo que esta realidad fue monitoreada por Ipys Venezuela entre enero y septiembre de 2022.
Según él, observaron los portales de: el Ministerio de Salud, Conatel, Banco Central de Venezuela y la Asamblea Nacional, y en ninguna de estas páginas está disponible el presupuesto del 2022 y la rendición de cuentas de 2021.
El Estado tiene una gran deuda con el ciudadano, afirmó. “Esta es información clave para la revisión de nuevas políticas, para la propuesta de nuevas políticas públicas, para ese mismo proceso de contraloría social al que todos tenemos derecho”.
