Desde el año 2017 se registran más de 30 casos de violaciones de derechos humanos en Mérida.
En tres de estos casos, fallecieron menores de edad por la ausencia de medicamentos y atención oportuna en los centros de salud.
Así lo anunció Mayda Ochevar, representante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, en el marco de un foro presentado este lunes en el salón de conferencias del Banco Central de Venezuela de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA.
“Tenemos 30 casos sin respuestas en el ámbito del Ministerio Publico y Tribunales. Son casos de violaciones del derecho a la salud, donde hay 8 menores de edad, 3 de ellos fallecidos sin que se haya iniciado un investigación”, aseguró.
Disparo a los ojos y el rostro
Dentro de los casos, según Ochevar, existe la modalidad en los últimos años de represiones contra los manifestantes, donde los cuerpos policiales actúan disparando en los ojos y en el rostro de las víctimas. El caso más mencionado es el del joven Rufo Chacón.
“Este patrón lo identificamos en el 2017 de disparar a los ojos con pérdida de la visión, en especial de jóvenes de 23 años. Tenemos una total falta de investigaciones, instaurándose un Estado de impunidad”, señaló.
Por su parte, Nelson Rivas, investigador de derechos humanos de la ULA, informó que la región andina es la más afectada en cuanto a la distribución del gas doméstico.
“Hay personas que no tienen gas y están cocinando con leña. También hay problemas con el agua potable porque el bombeo se perjudica a la hora de irse la electricidad”, aseguró.
Estudiar tras las rejas
Por su parte Sulay Moreno Briceño, madre de Eribaldo Márquez, estudiante de educación física de la Universidad de Los Andes, informó que su hijo se encuentra arrestado desde el 14 de abril del año 2017.
A Eribaldo se le imputa por “homicidios de guarimbas” y actualmente cursa sus estudios tras las rejas.
“A mi hijo lo buscaron en el trabajo como si fuera un delincuente. Nos hicieron un allanamiento en la casa. Él sigue imputado sin ninguna razón en el retén de la policía y la ULA le dio la oportunidad de seguir estudiando”, apuntó Briceño.
En el informe presentado, que va desde junio hasta diciembre de este año, se incluyen las violaciones extra judiciales con retardo policial, servicios públicos, entre ellos el combustible y cortes de electricidad, además de la represión a estudiantes y políticos por parte de los efectivos policiales.
El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA cuenta con un equipo jurídico de varios abogados quienes se encargan de asistir y representar jurídicamente a las víctimas y sus familiares.
Este jueves 12 de diciembre se llevará a cabo la Feria de Derechos Humanos en la Biblioteca Bolivariana a partir de las 8:00 de la mañana. Allí se darán cita 30 organizaciones responsables de derechos humanos para dar a conocer varias actividades referentes a este tema.
