Juristas introducirán recurso de apelación a favor del sindicalista Rubén González

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Rubén González, secretario general de Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), fue detenido el 30 de noviembre de 2018 en una alcabala de Anaco, estado Anzoátegui, cuando retornaba de Caracas a Ciudad Guayana luego de una protesta contra el presidente Maduro.

El 13 de agosto de 2019 fue juzgado por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín condenado a 5 años y 9 meses de prisión, por lo que fue enviado a la cárcel de La Pica.

Este próximo 28 de julio, un equipo de juristas que forman parte de la intersectorial de trabajadores de Guayana presentará un recurso de apelación contra la decisión del tribunal por considerar que el dictamen del tribunal militar «es ilegal» y fue juzgado en una instancia que no corresponde a su estatus de civil.

De acuerdo con Noél Hernández, los abogados Jorge Machuca y Migel Lecca presentarán la apelación el 28 de julio, acto al cual acudirá un grupo de trabajadores y sindicatos de Ciudad Guayana.  

El sindicalista Rubén González inicialmente fue acusado por tres delitos: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, aunque el tribunal desestimó el último señalamiento y fue condenado por los dos primeros delitos.

¿En qué contexto fue detenido Rubén González?   

En 2018, el gobierno del presidente Maduro inició con la aplicación de un nuevo tabulador salarial al sector público que extendieron a las empresas básicas de Ciudad Guayana, lo que eliminó la variación de salarios entre trabajadores de acuerdo a ciertos cánones ya establecidos.

La aplicación del salario lineal ocurrió luego de la reconversión monetaria que eliminó tres ceros al bolívar soberano. Según el gobierno, permitía al venezolano estar muy por encima del salario anterior, pero esta maniobra fue rápidamente descompensa por el valor del dólar que aumentó rápidamente y empobreció el valor adquisitivo del bolívar.

A juicio de Rubén González y otros sindicalistas de Ciudad Guayana, la decisión del Ejecutivo Nacional desmejoró en un 70% los beneficios laborales de los trabajadores, hecho que inmediatamente fue rechazado.

La detención de González también fue ejecutada en medio de varias detenciones que habían iniciado en el 2017 en el contexto de protestas con la profundización de la crisis y la hiperinflación venezolana.

Solo en el 2017 se habían contabilizado 14 detenciones de trabajadores de las empresas básicas de Ciudad Guayana, reseñan los archivos de la prensa nacional.