El pasado 8 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesión sobre la minería y los problemas que está causando en los países de la Amazonía.
La representante de la organización SOS Orinoco, Cristina Burelli informó en el programa Háblame bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias que la sesión fue solicitada por ocho organizaciones de Bolivia, Brasil, Perú, Nicaragua y Venezuela.
Para que la CIDH accediera a debatir sobre el tema, los interesados elaboraron un documento de contexto sobre los problemas ambientales, políticos, económicos y sociales que ocasiona la explotación minera en los ecosistemas y los pueblos que habitan en estos territorios.
La minería: un crimen trasnacional
El documento presentado evidencia que la minería ilegal no es un tema exclusivo de un país. En los territorios de la Amazonía se evidencia la presencia de grupos criminales que desplazan a pequeños grupos de mineros indígenas y criollos para convertirlos en sus esclavos, comentó Burelli.
De igual forma, se detectó el uso masivo del mercurio para la extracción de oro, pese a ser ilegal en la mayoría de los países.
Bolivia y Guyana son los únicos Estados que admiten su uso y comercialización. Bolivia es el mayor importador de mercurio del mundo y desde este territorio se generan acciones de contrabando para que llegue a Brasil, a Venezuela, Ecuador, Colombia o Perú.
El uso del mercurio es una de las prácticas más letales para los biomas amazónicos.
Políticas aisladas
La representante de SOS Orinoco explicó que otro factor común entre los países son las políticas de Estado aisladas, acciones que no resuelven el problema.
Los grupos armados actúan como bandas trasnacionales y los Estados deberían articular sus políticas para enfrentarlos en bloque.
Por ejemplo, en Brasil los líderes indígenas fueron perseguidos por el gobierno de Jais Bolsonaro, que permitió la actividad de los llamados garimpeiros. Al llegar el presidente Lula Da Silva al poder, los militares y la policía se enfrentó a las bandas criminales, pero estas solo se cambian de lugar o se pasan al lado venezolano para seguir cometiendo delitos.
No existen políticas eficaces que permitan a las pequeñas poblaciones que viven de la minería cambiar la actividad económica.
Los Estados deben dialogar para enfrentar un problema común y evitar la violación de los Derechos Humanos.
La situación es compleja y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está entendiendo lo que está en juego con la minería en la región.
Esche la entrevista que ofrecio Cristina Burelli a la periodista Carlota Rojas de Radio Fe y Alegría Noticias.
Organizaciones que solicitaron la audiencia ante la CIDH:
- Centro de Documentación e Información de Bolivia
- Centro Humboldt y la Fundación del Río de Nicaragua
- SOS Orinoco de Venezuela
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
- ECA Amarakaeri de Perú
- Asociación Hutukara – Asociación Yanomami de Brasi
- Instituto Socioambiental de Brasil
- Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
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