Los seres humanos no pierden sus derechos con la migración y eso trata de explicar la Escuela de Ciudadanía Transfronteriza: las personas tienen derechos y los Estados, la obligación de garantizarlos.
Elena Hernández y Juanita Bedolla son representantes del Servicio Jesuita a Refugiados de Colombia y parte de la Escuela de Ciudadanía Transfronteriza que trabaja con migrantes venezolanos entre el departamento de Arauca y el estado Apure. En el programa programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, explicaron que la Escuela surgió como una apuesta para fortalecer la reconciliación desde procesos educativos que potencien el ejercicio de la ciudadanía.
En Arauquita, Colombia, durante tres fines de semana, migrantes, retornados, desplazados y líderes comunitarios se encontraron para trabajar el reconocimiento geográfico y la dinámica fronteriza en el intercambio cultural constante.
La actividad también propició el ejercicio de la acogida y el reconocimiento de la diversidad.
En total, fueron 35 personas las que participaron en el espacio de diálogo.
La violencia en Arauca
El escenario donde se produjo el encuentro enfrenta múltiples desafíos producto de la violencia armada. En Arauca, la población convive con grupos armados de guerrilla y otros grupos criminales.
A este contexto se le sumó la presión migratoria de los venezolanos que cruzaron la frontera para escapar de la Emergencia Humanitaria Compleja y procurar mejores condiciones de vida.
Elena Hernández también explicó que del lado venezolano se enfrentan retos de convivencia por la crisis política y la acción de diversos grupos que atentan contra la ciudadanía.
Añadió que existen problemas comunes como el precario acceso a servicios básicos en comunidades populares, por ejemplo, el deficiente servicio de agua potable.
De igual forma, destacó el mal servicio de salud que reciben en ambos países y la violencia basada en género.
Juanita Bedolla también detalló que el empleo formal es un problema compartido y el derecho a la educación también se vulnera.
En cuanto a la violencia, las familias padecen el riesgo de reclutamiento de grupos armados. La frontera no distingue ni protege a de forma diferente de lado y lado.
La ciudadanía en la frontera
La compresión de la ciudadanía está relacionada al reconocimiento de los otros como sujetos de derecho.
Aunque también pasa por la regularización migratoria, en el caso de los venezolanos que están en territorio colombiano.
Las autoridades pueden generar mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos idependientemente del país al que pertenezcan, explicó Juanita.
Entre tanto, Elena explicó que los participantes comprendieron, al final de los talleres, que las personas son seres humanos, sujetos de derechos y que de eso se trata la ciudadanía transfronteriza.
Derechos Humanos y ciudadanía transfronteriza
En el caso de Colombia, el Servicio Jesuita a Refugiados también ofrece escuelas de ciudadanía en la frontera con Ecuador, Perú o Panamá. En algunos casos, las fronteras son más de tránsito y en otras, de permanencia.
La Escuela de Ciudadanía es el resultado de prácticas que ya se realizan en América Latina y que se adaptan a los contextos de los países y las particularidades culturales o geográficas.
Los Derechos Humanos no se restringen a las personas que nacieron y permanecen en un país. Los derechos son para todos, sin importar el lugar donde nacieron y a dónde migraron.
Retos y transformación fronteriza
Elena Hernández considera necesario trabajar en la relación con los Gobiernos para que los Estados puedan responder de forma más eficiente a los fenómenos migratorios.
De igual forma, urge que los servidores públicos y líderes comunitarios comprendan el rol que tienen en la acogida y en la generación de condiciones favorables para que las personas puedan ejercer sus derechos.
Escucha la entrevista que ofrecieron Elena Hernández y Juanita Bedolla a la periodista Carlota Rojas:
Actualmente, en Colombia viven 2.9 millones de venezolanos que migraron producto de la crisis política y la emergencia humanitaria compleja que los privó de alimentos y asistencia médica por varios años.
El Estado colombiano implementó un sistema de protección que otorgó permisos de residencia temporales a los ciudadanos venezolanos.
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