El anuncio del señor Nicolas Maduro este 1 de mayo relativo al aumento de las remuneraciones a los trabajadores venezolanos es impresentable, tanto por su impacto en la desigualdad, calidad de vida, desequilibrio del sistema económico y en el fraude fiscal que conlleva. Veamos.
Primero. Se confirma la ausencia de un programa económico con sus componentes fiscales, monetarios, cambiarios y de producción, y sus obligantes metas de crecimiento, inflación y empleo. Quienes gobiernan, en lo que llaman “la alianza cívico, militar, policial”, no saben que no saben. Lo que está ejecutando el gobierno es un intento de detener la escalada inflacionaria con un desplome del consumo por reducción drástica del salario real y la contención de agregados monetarios por la vía del gasto público. Muy mal asesorados por una rudimentaria visión monetarista que le importa nada la vida digna de los trabajadores y nos aleja cada vez más del virtuosismo de dos de las principales variables del desarrollo, la inversión y el consumo.
Segundo. El sistema de remuneración en Venezuela ha dejado de valorar el salario del mundo del trabajo, no solo por el episodio hiperinflacionario y la recurrente inflación alta, también porque el discurso oficialista demagógico contra la bonificación del ingreso de los trabajadores fue enviado a una papelera. No incrementar el salario mínimo en niveles miserables de 5,2 dólares y recurrir a los bonos, significa una tremenda desigualdad en la distribución del ingreso, ya que a los trabajadores se les cercenan su derecho a un salario suficiente y a la posibilidad de un cálculo justo de sus prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos. Esto, además de ser socialmente injusto, es arbitrario, ilegal al violar el artículo 108 de la Ley del Trabajo e inconstitucional por incumplir el artículo 91, vulnerando conquistas laborales históricas, retrotrayéndonos a un neoliberalismo extremo, favorable al capital y al fisco de la nación. Le llaman capitalismo salvaje, aquel donde el 10 por ciento (%) de la población más pobre de Venezuela participa apenas del 0,8 por ciento (%) en el ingreso total per cápita.
Tercero. El impacto fiscal de las medidas laborales tiende a mínimo y se sustenta en un truco que burla los intereses de la clase trabajadora. Según mis estimaciones el gobierno central debería gastar en remuneraciones, de mayo a diciembre de 2023, aproximadamente 2.044 millones de dólares, sin aumentos de ningún tipo. Con los anuncios del 1 de mayo, el gasto presupuestario asciende, para los mismos 8 meses, aproximadamente a 2.656 millones de dólares. El esfuerzo fiscal no supera los 76,5 millones de dólares mensuales. Estamos frente a un ajuste presupuestario cuya cruz, el gobierno “obrero”, la ha colocado en los hombros del ingreso de los trabajadores venezolanos.
La engañifa esta en el incremento de la cesta ticket y la reducción del bono de guerra, el primero lo reciben solo los trabajadores activos, los menos; el segundo, es el ingreso de pensionados y jubilados, los más. Logran el alivio fiscal provocando una desigualdad en el ingreso de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, como pocas veces hemos visto en nuestra vida republicana.
Cuarto. Lo arbitrario y tremendamente injusto se observa en el impacto negativo que tendrá el supuesto ajuste en los trabajadores jubilados. Estos ven sorpresivamente reducir sus ingresos nominales en aproximadamente 1 dólar mensual. Los pensionados logran un leve incremento nominal de 15 dólares y los activos de 24 dólares.
De fondo, lo más delicado social y humanamente es que, medido en términos reales, el ingreso de los trabajadores, de todos ellos, a diciembre de 2023, se habrá reducido cerca de 10 por ciento (%). Una lacerante e incontrolable inflación superior a 200 por ciento (%) es definitoria para este resultado.
Quinto. ¿Qué alternativas tienen los trabajadores y sus dirigentes? Se resume, en una palabra: luchar. Luchar unidos. La indignación nacional frente a la alocución del señor Maduro tiene que tener un cause: Seguir planteando sus reivindicaciones por un salario suficiente para vivir con dignidad, para restablecer la convención colectiva y la libertad sindical, por el cese de la represión y encarcelamiento de los dirigentes sindicales. Todo esto, más la exigencia política de elevar la conciencia de los trabajadores manuales e intelectuales para acompañar el desafío de la nación por elecciones presidenciales libres, democráticas y verificables, que nos permita cerrar el ciclo histórico de este fraude político, ético y humano que intentó hacerse pasar por una “revolución”.
Rodrigo Cabezas es economista, exministro de Finanzas y profesor universitario.
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