Hasta lo que va de 2020 en diciembre, 50 casas han sido atacadas por personas desconocidas. Es el modus operandi más frecuente según las denuncias públicas de las víctimas.
Tucupita tiene una población de aproximadamente 100 mil habitantes, tomando en cuenta las tendencias de crecimiento poblacional generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, en su censo del 2011. Es un localidad pequeña en comparación con las grandes urbes.
Solo en los meses más radicales del confinamiento por el Coronavirus, abril-agosto, se habían registrado 14 ataques delictivos, entre ellos, robos en casas y asaltos en sitios públicos.
Los afectados han calificado a los funcionarios de seguridad como ineficientes y han advertido no confiar en ellos, porque afirman que los implicados son liberados sin ser procesados legalmente.
A esto se suma la desconfianza en el poder judicial, lo que ha llevado a una conclusión que persiste entre la sociedad civil: denunciar no sirve de nada.
Algunas comunidades se han organizado para minimizar este flagelo, ante el nulo abordaje policial. Villa Manamo, calle Petión, El Palomar, El Cafetal, son los sectores cuyos vecinos han informado haber gestionado un sistema de protección ante este tipo de ataques.
El último abordaje a domicilio del que se tiene conocimiento ocurrió en Las Manacas, al noreste de Tucupita, donde hombres armados sometieron a una familia y cargaron con todo el equipaje, el pasado domingo 14 de diciembre.
Noel Valderrama, director de Seguridad y Orden Público del estado Delta Amacuro, dijo en una entrevista concedida a este medio de comunicación, estar trabajando para frenar los ataques.
No obstante, se limitó a instar a la ciudadanía cuidarse más en casa y en las calles, toda vez que añadió que el bajo equipamiento policial se debe al bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.
Se trata de las más reciente designación en el «tren Ejecutivo» de la gobernadora Lizeta Hernández, aunque él ya había ocupado este puesto durante el mandato de Yelitza Santaella.
Las motos y los autos policiales son contados. Apenas están en manos de comandantes y de funcionarios de mayor rango, han criticado anónimamente varios policías. Algunos tucupitenses ha sugerido que, en medio de sus carencias, establezcan mecanismos de seguridad a pies.
Euclides Brito, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 61, declaró en una conexión de radio, que funcionarios del Conas y del Cicpc retomarían los trabajos confidenciales entre las comunidades. «Si los conocen, díganos quiénes son, dónde están».
Sobre estas afirmaciones, Lizeta Hernández, gobernadora del estado Delta Amacuro, le sugirió al militar que era necesario establecer los mecanismos de confianza para los denunciantes.
Iniciativa comunitaria
Los vecinos de El Palomar recientemente se reunieron en asamblea y, tras escuchar las experiencias de las víctimas, quienes revelaron las identidades de sus presuntos victimarios, procedieron a enviarle a las Faes estos nombres para «facilitar las investigaciones».
Una semana después, cuando se hizo seguimiento a esta iniciativa comunitaria, los ciudadanos informaron que los ataques disminuyeron, mientras que los señalados: unos migraron a Trinidad y Tobago y otros siguen «sin aparecer». «El barrio está más calmado».
