Este 5 de enero Juan Guaidó será reelegido como presidente de la Asamblea Nacional para el último periodo del Parlamento venezolano y son varias las acusaciones que pesan sobre él por parte del Gobierno nacional, cuyos actores principales han dicho en reiteradas ocasiones que el líder opositor debería ir preso e incluso en algún momento pidieron que fuese llevado al «paredón», desde una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente.
El gobierno de Nicolás Maduro lo ha relacionado con actos de corrupción, ataques a puestos militares, relaciones con grupos de «narcoparamilitares» de Colombia y ultraje de los bienes y empresas de la nación.
Sin embargo, entre todos los señalamientos se puede catalogar dos acusaciones como las más comprometedoras y peligrosas para Guaidó: traición a la patria y su presunta vinculación con grupos armados.
Traición a la Patria
En septiembre de 2019, Maduro exigió a Tarek William Saab, Fiscal General designado por la ANC, emprender una investigación judicial contra Guaidó por el delito de traición a la Patria, después de una supuesta negociación del opositor con el gobierno de Guyana para la entrega de la Guayana Esequiba al gobierno guayanés.
Estos negocios habrían sido realizados presuntamente por dos representantes de Guaidó: Manuel Avendaño, asesor, y Vanessa Neuman, representante del gobierno encargado (reconocido por más de 50 países) en Londres.
La exigencia de Maduro tuvo una respuesta 24 horas después: Saab anunció el inicio de las investigaciones en su contra. No obstante, el tema dejó de estar en la palestra pública con el pasar de las semanas.
Guaidó y Los Rastrojos
Entre septiembre y noviembre de 2019, Guaidó fue relacionado con Los Rastrojos, una organización criminal que según el gobierno venezolano, se dedica al secuestro, contrabando de drogas, cobro de vacunas a comerciantes y otros delitos. Las acusaciones iniciaron luego de que en redes sociales se difundió una foto del jefe del Parlamento con miembros del grupo armado.
Esta organización tendría una cercana relación con el opositor venezolano -según el Gobierno-, a quien habría ayudado a ingresar a territorio colombiano y servido de logística durante un evento musical que colectaba fondo para la ayuda humanitaria el 22 de febrero de 2019, que la oposición pretendía meter un día después.
Luego de varios meses y detenciones, Argenis Vaca, alias «Vaquita», presuntamente confesó que en un encuentro de dos horas con Guaidó acordaron el permiso de operaciones de la organización Los Rastrojos de forma libre, entre la frontera de Colombia y la frontera occidental Venezuela que implica una zona extensa que abarca los estados Zulia, Táchira y los llanos venezolanos.
Guaidó, ¿contra su mismo equipo?
El portal de investigación Armando.Info publicó un reportaje en el que demostró que desde la Asamblea Nacional existieron procedimientos administrativos de la Comisión de Contraloría a favor de dos empresarios sancionados por Estados Unidos por hechos de corrupción y su cercanía con el gobierno de Maduro, y ligados directamente al CLAP.
Aunado a este hecho, otros diputados también fueron señalados por prestarse a jugar en contra de Guaidó este 5 de enero a cambio de dólares en efectivo, en una operación que la oposición ha bautizado como la operación «Maletín Verde».
Mientras el escenario ya estaba complicado para Guaidó, a inicios de diciembre de 2019, el diputado José Brito, aseguró que otros 70 diputados «están dispuestos a rebelarse contra Guaido», porque no ha justificado el uso de recursos por concepto de ayuda humanitaria.
La Asamblea Nacional seguramente se va a fragmentar en los próximos días. Jose Brito dice que hay otros setenta diputados dispuestos a rebelarse contra Juan Guaidó por el manejo de recursos. pic.twitter.com/ek4Fwt5dTU
— Daniel Blanco (@DanielBlancoPz) December 2, 2019
