Entre el 2018 y lo que ha transcurrido del 2022 el gobierno de Nicaragua ha cancelado 187 ONG por supuestamente no querer cumplir con la ley.
El Ministerio de gobierno de Nicaragua señaló que no reportaron sus estados financieros conforme a los períodos fiscales con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), ni sus juntas directivas.
Los representantes de algunas de las ONG canceladas en meses anteriores, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), había denunciado que las autoridades nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para después acusarlas de incumplimiento.
El colectivo Voces del Sur, que actúa a nivel de Latinoamérica cree que es un atentado al Derecho de Asociación.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.
