Luego de nueve meses de estar detenida en Mérida, la abogada y activista feminista Vannesa Rosales sale en libertad plena luego de la audiencia preliminar.
La ONG 100% Estrógeno dio a conocer la información a través de las redes sociales señalando que fue “un logro de todo el movimiento feminista nacional e internacional” y que a su juicio “es una defensora que fue juzgada por un delito que es un derecho que Venezuela aún no reconoce”, la liberación de la defensora de derechos humanos se efectuó este miércoles 21 del corriente mes.
La activista fue detenida el 12 de octubre del año 2020 en el sector Pueblo Nuevo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) seccional Mérida y acusada de delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros.
Se le acusó por presuntamente haber ayudado a una adolescente de 13 años de edad, quien fue víctima de una violación, a interrumpir su embarazo, y que supuestamente no contó con el consentimiento de la adolescente y de su madre, hasta la fecha el presunto violador de la adolescente se encuentra prófugo de la justicia pese a existir una orden de captura en su contra.
También circuló a través de la red social Women’s Link Worldwide, organización que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, que se sienten orgullosos de acompañarla en su camino para encontrar justicia.
“Junto a @100Estrogeno, organización que asumió la defensa de Vannesa, celebramos esta decisión porque acerca a la activista a la justicia, y permite a las autoridades judiciales enfocarse en lo importante: capturar, enjuiciar y sancionar al responsable de la violación”, indicó.
Además señalaron que seguirán insistiendo en que “el Estado venezolano deje de perseguir y criminalizar a quienes están ayudando a las niñas, mujeres y adolescentes”, enfocándose en “prestar los servicios a los que ellas no están accediendo”, entre las cuales destacan la información, acceso a los anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, incluida “la interrupción voluntaria del embarazo, que en Venezuela es legal para salvar la vida de la mujer”, justicia y reparación cuando son víctimas de violación.
Hicieron un llamado para que se avance en la despenalización del aborto en Venezuela y para que las niñas y mujeres accedan a este servicio y no pongan en riesgo sus vidas.
“El caso de Vannesa demuestra, una vez más, que penalizar el aborto no es efectivo, solo pone en peligro la vida y salud de las mujeres y criminaliza a quienes defienden derechos sexuales y reproductivos”, aclararon.
