Este viernes 12 de enero, la Asamblea Nacional (AN) comenzará la consulta pública de la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.
Jorge Rodríguez, presidente de la AN, instó a los diputados a sumarse al proceso de consulta que se espera que culmine con una “fructífera segunda discusión”.
Esto despertó la preocupación de los miembros de las ONG venezolanas, quienes creen que la propuesta hecha por Diosdado Cabello es un instrumento para usarse con la intención de “criminalizar” a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Según Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, el objetivo del gobierno es “fragmentar y amedrentar a la sociedad civil”, silenciando denuncias de violaciones de derechos humanos y demandas de soluciones a los problemas del país en un año electoral.
San Miguel señaló a Efecto Cocuyo que el gobierno “le teme a la denuncia, la participación y la movilización”, que podrían retratar un proyecto fallido en el poder.
La ley, que según Alí Daniels de Acceso a la Justicia es una “estrategia electoral”, presenta el artículo 15 como uno de los más controvertidos, permitiendo la disolución de una ONG por recibir aportes políticos o actuar contra la estabilidad nacional.
San Miguel y Daniels coinciden en que la normativa viola la libre asociación y otorga al gobierno un control absoluto.
Aunque Rodríguez subraya la necesidad de consultar con las ONG y la sociedad civil, los críticos exigen transparencia en el proceso, pues ni acceso a la propuesta de ley se tiene. Según San Miguel, el texto completo de la ley no está disponible oficialmente. Esto aumenta los temores de criminalización en lugar de regulación.
Por su parte, Daniels pide una consulta inclusiva con participación de universidades, iglesias y comunidades, no solo del “poder popular” afín al chavismo.
A pesar de las críticas y preocupaciones, el gobierno mantiene la postura de que la ley es necesaria para frenar la presunta financiación externa de ONG que buscan desestabilizar al gobierno.
Provea, Súmate, y otras organizaciones han expresado su disposición a participar en la consulta, pero exigen garantías de que se respetarán sus planteamientos y no serán estigmatizadas.
Con información de Efecto Cocuyo
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