El abogado José Bernardo Guevara, integrante de la Unidad de Educación y Fortalecimiento de Civilis Derechos Humanos, afirmó que el proyecto de ley sobre las ONG «apunta a la aniquilación de las organizaciones”.
En declaraciones ofrecidas este 15 de febrero a De Primera Mano, programa nacional de Radio Fe y Alegría Noticias, el abogado explicó su consideración sobre el proyecto de ley sobre las ONG.
En primera instancia, aseguró que demuestra con “evidencia clara” que no se tuvieron en cuenta los estándares internacionales sobre la libertad de asociación, que es el derecho de toda persona a organizar reuniones pacíficas y/o unirse o formar organizaciones con otras personas.
Este derecho humano no se entiende con el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines porque “la libertad de asociación privilegia la voluntad o autonomía de las partes para unirse y esa voluntad se puede expresar de muchas maneras, incluso sin tener que ir a las vías formales (el registro de ellas)”.
“Se está asimilando a la sociedad civil con entes del Estado. Hasta se están pidiendo declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República. Eso es algo absolutamente incongruente para organizaciones privadas como son las organizaciones no gubernamentales”, indicó.
También el abogado aseguró que el proyecto de ley es ambiguo, dado que habla de regulación a instituciones afines y organizaciones sociales sin determinar a quiénes se refiere.
Justamente hace un mes en De Primera Mano se conversó sobre este tema con Mariela Ramírez, miembro fundadora del Movimiento Ciudadano Dale Letra y vocera del Foro Cívico, quien explicó que este proyecto de ley incide en todos los ciudadanos porque está diseñado para vulnerar la participación y actuación ciudadana en los asuntos públicos.
Injerencias en la ley
El abogado José Bernardo Guevara habló de las injerencias que trae este proyecto de ley sobre las ONG. Afirmó que en el artículo 14 se habla de que una persona dispuesta a participar en una organización debe ser respetada de ocupar o laborar en la organización que quiera.
Precisamente, de acuerdo con Acceso a la Justicia (oenegé que tuvo acceso al documento y compartió sus impresiones) en el artículo 14.13 se establece incluir nuevos miembros por “poseer una determinada calidad laboral, institucional, gremial, ocupacional o profesional específicas, relacionadas directamente con el objeto o la naturaleza y/o los fines de la Organización No Gubernamental, tienen el interés legítimo de participar en ella”.
“Imagínate que te toquen la puerta en tu organización y te digan ‘reúno los atributos que se señalan acá en el artículo 14 y me tienen que dejar participar’. Eso implica una injerencia frontal de los asuntos internos”, figuró.
Otra cuestión que considera inadmisible es que en el artículo 7 se establece que la organización debe solicitar autorización para modificar su objeto social.
Estos dos artículos no fueron lo únicos que mencionó el abogado. Entre todos sus señalamientos concluyó que la normativa tiene la posibilidad de que el Ejecutivo tome medidas que pueden llevar a la suspensión e incluso disolución de una organización; por ende, se trata de una «aniquilación» de los espacios donde se protegen derechos humanos.
Los afectados son los ciudadanos
Tal como lo dijo Mariela Ramírez opinó el abogado José Bernardo Guevara: los primeros afectados son las personas que reciben los servicios de las organizaciones civiles, cuyas instituciones lo único que tratan de hacer es “mejorar la calidad de vida de las personas” en este contexto de emergencia humanitaria.
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