El proceso para designar al nuevo defensor del pueblo en Venezuela sumó nuevas postulaciones, en un contexto en el que expertos insisten en la necesidad de recuperar el rol de esta institución en la defensa de los derechos humanos.
Inicialmente se registraron 61 candidatos y, tras una prórroga de 48 horas, se incorporaron al menos 18 nuevos nombres.
El aspirante al cargo Vladimir Alvarado, abogado, profesor y jefe de la Dirección para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirmó que la Defensoría del Pueblo es una figura “importantísima” dentro del sistema político venezolano, aunque considera que en la práctica ha sido “poco aprovechada” y ha perdido relevancia en los últimos años.
“Quienes incentivaron la figura del defensor, llámese chavismo o revolución, fueron también quienes la silenciaron”, declaró en entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.
Según explicó, su postulación responde a la intención de “rescatar la institución” y elevar el nivel del proceso mediante la participación de perfiles con amplia trayectoria en derechos humanos.
Indicó que recibió el respaldo de sectores de la sociedad civil, de los jesuitas y de autoridades académicas, lo que lo motivó a formalizar su candidatura.
Una Defensoría activa y protagónica
También cuestionó el desempeño reciente de la Defensoría, al considerar que no ha actuado con la contundencia necesaria frente a violaciones de derechos humanos. A su juicio, esta debilidad quedó en evidencia tras la renuncia de las autoridades del Poder Ciudadano, lo que dio paso a un nuevo proceso de selección.
Recordó que los derechos humanos están concebidos para proteger al ciudadano frente al Estado, por lo que quien ocupe el cargo debe asumir un rol activo en la defensa de la población ante posibles vulneraciones.
Asimismo, destacó que la Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias, que van desde la supervisión de instituciones públicas hasta la atención de conflictos políticos y la vigilancia de los servicios públicos, funciones que —considera— deben fortalecerse en el contexto actual del país.
Finalmente, expresó que el momento político podría abrir una oportunidad para un mayor ejercicio de derechos, siempre que la nueva gestión de la Defensoría asuma un papel más protagónico en la protección de las garantías constitucionales.
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