La abogada Andrea Santacruz, miembro de la organización Civilis Derechos Humanos e integrante del consejo consultivo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, afirmó que con el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, publicado el miércoles 20 de septiembre, se evidencia que las violaciones a los derechos humanos continúan perpetrándose en el país e incluso se exponen motivos racionales para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La defensora de los derechos humanos expresó que tras este nuevo informe las expectativas están depositadas en el hecho de que la comunidad internacional no deje de estar atenta a lo que ocurre en el país.
“Lo peor que le puede pasar a las víctimas en Venezuela es que sean olvidadas, y que no tengan una voz a nivel internacional”, dijo en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.
Santacruz resaltó el caso de la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), de la Policía Nacional Bolivariana, que estaría ejecutando las mismas tácticas temibles y represoras que eran denunciadas cuando estabas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que incluían ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido, la activista cree que se debe reformar a la DAET y establecer un mecanismo de supervisión independiente para garantizar un cambio real, efectivo y duradero en la práctica de sus divisiones, que evite que se mantengan acciones similares a la de las FAES.
Asimismo, comentó que el informe detalla que el gobierno venezolano limita, restringe y obstaculiza la labor de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos, bajo regulaciones aparentemente legítimas, pues se mantiene una política estatal que ataca a las personas opositoras al actual gobierno.
Cabe destacar que, en comparación de los informes publicados anteriormente por la ONU, en esta oportunidad no se señala a los posibles responsables, sino que se describe con mayor énfasis los casos de violación de derechos humanos.
Sin embargo, Santacruz indicó que el sistema de justicia venezolano no es independiente ni parcial y, por lo tanto, es visible que no quieran juzgar a los más altos responsables. Precisamente por ello la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU se mantiene: por la falta de voluntad del gobierno venezolano de hacer justicia.
La abogada anunció que para el próximo martes 26 de septiembre se espera un diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde el Estado venezolano deberá responder lo publicado en este informe. En la actividad participarán otros países.
También aseguró que el hecho de que esta información salga a la luz pública contribuye a que la comunidad internacional mantenga su mirada sobre lo que actualmente ocurre en el país, mientras insisten a través de mecanismos diplomáticos para que cesen las violaciones en derechos humanos.
¿Qué viene después del informe?
La docente universitaria informó que a mediados de octubre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estará aplicando un examen a Venezuela para verificar si el Estado cumple con los establecido referente al Pacto.
Santacruz explicó además que hasta el 3 de octubre las víctimas de violaciones a los derechos humanos podrán remitir su información a la división de la secretaría de la Corte Penal Internacional, donde se tendrá un tiempo establecido de hasta el 17 de octubre para enviar dicha información a la Sala de Apelaciones.
En ese sentido, se espera a finales de año (aunque no hay un tiempo establecido) haya pronunciamiento por parte de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre si se mantiene la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de investigar los casos que ocurren sobre Venezuela. Asimismo, se debería informar si esta estará a cargo el fiscal Karim Khan o habrá algún cambio al respecto.
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