Luis Izquiel exige un pronunciamiento de la FANB sobre lo que sucede en Petare

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El abogado y especialista en criminología Luis Izquiel intenta ayudar a descifrar la realidad que se ha presentado en Petare en los últimos días en donde se ha impuesto un toque de queda por las balas dentro de une enfrentamiento entre bandas rivales.

En diálogo con Radio Fe y Alegría Noticias, señala que estos enfrentamientos obedecen a varias circunstancias. La primera, es que los ciudadanos están prácticamente indefensos ante el accionar de las bandas delictivas.

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Luego de una demostración tan impactante de poderío de fuego, después de haber colocado en zozobra a toda la comunidad del barrio José Félix Ribas y sectores cercanos, no ha habido ningún pronunciamiento de nadie que dirija una institución policial ni de justicia en Venezuela. Mucho menos una actuación ni presencia de cuerpos de seguridad.

En segundo término, está el poderío del armamento. Se está hablando del uso de ametralladoras, fusiles y granadas. Hay testimonios y videos de vecinos que dan cuenta de balas que han entrado a sus casas, apartamentos y pasillos de edificios y veredas.

Izquiel invita a revisar el artículo constitucional 324 que señala expresamente que las armas de guerra son de posesión exclusiva del Estado. Y la institución que debe ser garante de esto es la Fuerza Armada Nacional.

En ese sentido, exige un pronunciamiento por parte del alto mando militar sobre cuál es su posición con respecto al armamento que debe estar en los cuarteles para defender la soberanía de este país vaya terminando en manos de bandas delictivas que colocan en peligro la vida e integridad física de habitantes y ciudadanos honestos.

Un vecino de La Urbina muestra cómo una bala impactó la ventana de su apartamento. Foto Cortesía

¿Qué siente la gente en el barrio?

Lo que se ha venido viviendo en el llamado barrio “más grande de América Latina”, perteneciente al municipio Sucre, también se padece en otros sectores populares. El abogado reseña, por ejemplo, comunidades caraqueñas como El Valle, Cota 905, El Paraíso, y también del resto de los estados del país.

Por tanto, asiente que lo que la gente sufre “un estado de indefensión total, de soledad, de frustración, ante la inacción de los cuerpos de seguridad”.

También cuestiona el silencio total ante el país de las autoridades del estamento militar. “Tendrían que explicar cómo esos fusiles salen de esos cuarteles y terminan en manos de las bandas criminales”.

Por otro lado, se pregunta qué tipos de investigaciones se realizan en esas unidades militares “cuando se extravía un fusil, una ametralladora, una granada… quiénes son los responsables, cuáles son los procesos administrativos y judiciales que se realizan “.

Para Izquiel, este silencio gubernamental da pie a entender que en Venezuela sigue reinando la impunidad.

Una de estas bandas enfrentadas en la zona de Petare es liderada por quien en su momento fue nombrado como “juez de paz”. Una figura que años atrás surgió como un mecanismo de resolución de conflictos y de violencia comunitaria.

Pero hoy en día ese “líder” es uno de los que ha desatado una especie de guerra en ese sector. Para el criminólogo esto “es muy grave que a un delincuente que comanda una banda criminal, existen rumores (y) comentarios,de que haya sido nombrado juez de paz por la autoridad municipal en el territorio que él domina, el barrio José Félix Ribas”.

Sin embargo, aún cuando este nombramiento no sea verdad, “lo que sí parece ser cierto, por testimonios de distintos vecinos de este sector, es que este criminal venía siendo las veces de juez de paz de forma de facto”.

Explica que este tipo de situaciones se genera porque estos “líderes” de megabandas criminales “son los encargados de resolver los conflictos en estos sectores”.

El jurista pone como ejemplo que “si alguien tiene un problema sucesoral con una vivienda en vez de plantearlo ante los tribunales competentes se le plantea al delincuente que domina la zona y es ése delincuente quien termina decidiendo quién se queda con esa vivienda”.

Igualmente toca el tema del control territorial y social. Para Izquiel lo ejercen “de distintas formas”. Con esta formulación ejemplifica que si alguien quiere poner un puesto de venta de alimentos o de comida rápida tiene que pedirle autorización no alcalde, no a la autoridad civil de la zona, sino al delincuente de la organización criminal “que ha suplantado al Estado”.

Imaginando la Venezuela del futuro

Pero no todo está perdido. En la reconstrucción del tejido social venezolano la justicia y del cumplimiento de la ley deben jugar un papel preponderante. Al respecto, Luis Izquiel indica que si bien la situación en la que va a quedar el país en este área, como en las demás, no va a ser sumamente crítica y de profunda criminalidad.

Sin embargo, visualiza una Venezuela de futuro democrático. Y para eso invita a ser optimistas. Compara lo que aquí ha sucedido con lo que han vivido otros países latinoamericanos con criminalidades desbordadas y han logrado salir de allí.

Propone abordar “las cuatro patas de la seguridad ciudadana”. Estas son la prevención social del delito, abordar a todos aquellos jóvenes que hoy en día no tienen oportunidades de trabajo ni de estudio y que ven a los “pranes”, a los delincuentes, como un modelo a seguir. El Estado tiene que “abrazarlos” y tiene que brindarles oportunidades.

La segunda base es transformar los cuerpos policiales con funcionarios honestos, con un buen perfil, con buenos salarios y bien dotados para proteger a la ciudadanía.

En tercer lugar plantea contar con un sistema de justicia que no sea un sinónimo de impunidad, con jueces y fiscales designados por concursos públicos y abiertos de oposición.

Y finalmente, un sistema carcelario que no sea traducción de escuelas de delincuentes como ocurre actualmente, sino que sean sitios que se presten para la reinserción social para quienes cometieron un atentado contra la sociedad.

Como complemento también recomienda que la nueva democracia venezolana debe recuperar los espacios ciudadanos que hoy en día ocupan las megabandas.

En este ámbito se refiere al caso de Brasil donde funcionan las unidades policiales pacificadoras, UPP. El abogado propone establecer en Venezuela estaciones policiales permanentes en los barrios y en los sectores que hoy están siendo dominados por pandillas delictivas para llevar paz y tranquilidad a la ciudadanía.