En un trabajo especial realizado por Ibis León para Efecto Cocuyo se destapan los vínculos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quienes son cuestionados por sus estrechos lazos con el chavismo, sanciones internacionales y la validez de sus nombramientos.
En el centro de la controversia se encuentra Tania D’Amelio, presidenta de la Sala Constitucional, quien, según documentos públicos, habría nacido en Italia. Con esto desafía el requisito constitucional de tener la nacionalidad venezolana por nacimiento. Además, D’Amelio enfrenta sanciones tanto de Canadá como de Estados Unidos por su presunta participación en acciones antidemocráticas.
Edgar Gavidia, de la Sala de Casación Social, también está en la mira debido a sus vínculos con el chavismo y alegaciones de violencia doméstica.
La Sala Político Administrativa, liderada por Malaquías Gil, enfrenta preocupaciones similares. Esto debido a que Canadá sancionó Gil por ser “responsables, o cómplices, de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción”. Aunado a esto, ha permanecido en el TSJ más allá del límite de 12 años que establece la Constitución.
La Sala de Casación Penal, dirigida por Elsa Gómez Moreno, ha generado controversia por su papel en la solicitud de extradición del opositor Leopoldo López. Gómez Moreno, además, es familiar de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral y del TSJ, está en el ojo público por su lealtad al chavismo y su compromiso con proyectos socialistas, según una entrevista reciente.
La información revelada en este trabajo especial pone en duda la independencia del Poder Judicial venezolano, debido a que estos nombramientos cuestionan la imparcialidad de los magistrados y su cumplimiento de los requisitos constitucionales. Según el artículo 263 de la Constitución venezolana, los requisitos para ser magistrado incluyen tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra, ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica.
Todos los detalles pueden leerse en la nota de Efecto Cocuyo Magistrados que militaron en el chavismo presiden 4 de las 6 salas del TSJ.
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