Más de 100 ong venezolanas piden a la ONU-Hábitat que el país no quede por fuera de su plan COVID-19

Referencial

Este 2 de mayo 121 organizaciones venezolanas remitieron una comunicación a ONU-Hábitat, la agencia de Naciones Unidas que trabaja asentamientos urbanos, luego que el ente divulgara su Plan de Acción sobre el Covid-19, dirigido a 64 países, en el cual se ha excluido a Venezuela.

La misiva fue dirigida específicamente a Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, en la cual señalan que Venezuela sufre una emergencia humanitaria compleja, «como lo documenta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha tenido un grave impacto en las condiciones de vida de la población, generando una de las peores crisis migratorias en América Latina en los últimos años».

Los directivos de las 121 organizaciones no gubernamentales denuncian que «durante varios años hemos sufrido interrupciones permanentes en el servicio de electricidad, teléfonos celulares, agua y gas doméstico, lo que hace que nuestros hogares sean inseguros para mantener el aislamiento durante la Cuarentena».

Lo que denuncian

Los criterios definidos por la institución para incluir a un país en este programa de ayuda son, entre otros, poblaciones carentes de viviendas adecuadas y sin servicios básicos como agua y saneamiento, con una alta proporción de trabajadores informales.

Sin embargo, Venezuela quedó excluida del mismo, tal cual como la misma agencia lo indicó en su informe respectivo.

Por tal motivo, los activistas dicen no comprender cómo un país que padece una Emergencia Humanitaria Compleja y que ha generado la mayor crisis de migración forzada de los últimos años en el continente americano, no sea parte del foco de atención de ONU-Hábitat bajo la pandemia actual de Covid-19.

Se basan sobre el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, divulgado el 4 de julio de 2019.

Allí se específica que “el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.

Por su parte, el 9 de febrero de 2019 la relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, suscribió una comunicación junto a 3 relatores más (Alimentación, salud y pobreza extrema y derechos humanos), en la cual se afirmaba que “millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”.

La funcionaria Farha se refiría en específico a las denuncias donde “individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle”.

El grupo de expertos también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hacía imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis.

Otro de los sustentos documentados que las ong le exponen a Mohd Sharif es la reciente publicación del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas al cierre del 2019, denominada La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria.

Este informe revela que 4 de cada 10 hogares en Venezuela reporta interrupciones diarias en el servicio de electricidad, el 72% tiene un suministro irregular de gas y el 25% de los hogares no tiene acceso estable a agua potable .

En el Panorama de las Necesidades Humanitarias de marzo 2020 se registra que solo el 19% de las instalaciones básicas de saneamiento son seguras y más de 800,000 personas en las zonas rurales todavía practican la defecación al aire libre.

Se estima que están enfrentando necesidades humanitarias en agua y saneamiento 4 millones 300 mil personas, de las cuales 1 millón 400 mil son niños menores de 5 años y 2 millones 300 mil son ancianos.

Por otro lado, en declaraciones durante el mes del marzo, el mismo Poder Ejecutivo Nacional divulga cifras de la encuesta que realiza a través del sistema automatizado de información oficial “PATRIA”, que muestran que el 88% de los hogares reportan tener dificultades para el acceso a los alimentos, 61% dificultades para el acceso a agua potable y 46% dificultades de acceso a gas para uso doméstico.

El servicio de agua potable es uno de los más críticos aún en medio de esta pandemia en el país

¿Qué piden?

Luego de consignar otros datos sobre la construcción de viviendas, decadencia de servicios públicos, de telefonía e internet, aportados por organizaciones como PROVEA, Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y el Observatorio de Conflictividad Social, los movimientos dicen desconocer si la decisión de no incluir a Venezuela en el plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat responde a la poca colaboración de las autoridades del país.

Y aunque pudiera entenderse que la información recogida en terreno no corrobora lo denunciado, «nuestras organizaciones están dispuesta a mantener informada a su oficina sobre los datos que levantemos sobre la situación tanto del acceso a la vivienda como de los servicios públicos en el país».

Finalmente, solicitan «que se reconsidere urgentemente esta decisión, y se hagan todas las gestiones necesarias para incluir a Venezuela dentro del plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat».

Entre las organizaciones firmantes se encuentran A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA, Aula Abierta, Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero A.C, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.

Igualmente suscriben la carta Cepaz – Centro Justicia y Paz, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU,Fundación Agua Sin Fronteras, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), PROMEDEHUM y PROVEA, entre otros.