Más de 1,5 millones de líneas Movistar fueron intervenidas en Venezuela durante 2021

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La trasnacional española Telefónica matriz de Movistar realizó un informe donde reveló solicitudes de “interceptaciones” de más de 1,5 millones de sus líneas de telefonía y accesos a internet en Venezuela en 2021.

La compañía de telecomunicaciones detalló que en su informe donde da a concoer datos de los 12 países en lo que hace operaciones, Venezuela encabezó la cantidad de intervenciones en sus líneas, de acuerdo a France24.

Frente a ello Valentina Aguana, analista y miembro de la Organización VE Sin Filtro, explicó en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que Telefónica es la matriz de Movistar, una empresa que está obligada a ofrecer al público la información que les otorga a los gobiernos sobre sus usuarios.

Aguana indicó que en este informe el Estado venezolano admitió haber hecho más de 860 mil solicitudes de información sobre líneas telefónicas de Movistar, las cuales terminan afectando a más de 1,5 millones de líneas de teléfonos en Venezuela.

“Esto implica que el gobierno nacional está activamente tratando de monitorear y vigilar las comunicaciones en Venezuela, lo que quiere decir que el 20% de las líneas telefónicas de Movistar en Venezuela han sido intervenidas de alguna manera por el Estado”, precisó.

La analista detalló que esto significa que el Estado ha estado viendo la información de quienes han realizado llamadas o envido mensajes de texto.

“Ningún país en todo el mundo en el que opera Telefónica se acerca al nivel de monitoreo que ha hecho el gobierno nacional”, destacó.  

Manifestó que esto demuestra una violación a los derechos humanos y “un espionaje masivo por parte del gobierno nacional”.

Sin solicitud judicial

La representante de VE Sin Filtro destacó que las solicitudes de intervención no fueron realizadas por un Tribunal, sino que provienen de organismos de seguridad del Estado como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Aguana manifestó que lo anterior da cuenta de que “el gobierno venezolano no le interesa la privacidad de la ciudadanía”.