A través de un comunicado este lunes 4 de julio, 23 países miembros de la Media Freedom Coalition expresan su «profunda preocupación» ante la falta de libertad de prensa en Venezuela.
Los más de 20 países que firmaron este documento son Australia, Canadá, Chile, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
Los países subrayan su especial preocupación por las «medidas represivas» que emplea el actual Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro.
Llaman medidas represivas contra la libertad de prensa al acoso, censura, apagones de Internet, incautaciones de propiedades y el silenciamiento general contra los críticos del gobierno. Incluyendo, la persecución de periodistas, trabajadores de los medios y medios de comunicación independientes y las restricciones que enfrentan las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el análisis y reporte de problemas dentro de Venezuela.
«Los periodistas independientes en Venezuela operan dentro de un entorno regulatorio y legal altamente restrictivo, y corren el riesgo de ser arrestados y sufrir violencia física. Estas dificultades también se extienden a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el análisis y la información de los acontecimientos actuales dentro de Venezuela», expone el documento.
También señalaron que evidenciaron que los periodistas y medios de comunicación recurren a la autocensura para «evitar la persecución o consecuencias no deseadas, incluidas las detenciones arbitrarias».
«Los medios de comunicación que critican o desafían al régimen de Maduro corren el riesgo de enfrentar consecuencias legales, incluida la cancelación de sus licencias y la incautación de equipos o bienes. Como resultado, Venezuela ha perdido su otrora vibrante sector periodístico y el régimen de Maduro controla la narrativa nacional», detallaron los 23 países.
Resaltaron la labor de los periodistas y trabajadores de la prensa que, pese a todas las restricciones, informan sobre los «ataques a las instituciones democráticas y sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos, así como sobre la corrupción en Venezuela».
«Los periodistas necesitan un entorno seguro en el que hacer su trabajo», afirmaron.
A su vez, expusieron que el gobierno de Nicolás Maduro «ha orquestado la adquisición de fideicomisos de medios para asegurar perspectivas editoriales amistosas y propagar políticas, mensajes e ideología patrocinados por el estado».
