La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este viernes una breve actualización del monitoreo que sobre este ámbito mantiene su equipo en Venezuela.
En primera instancia comentó que se le propuso a las autoridades venezolanas la conformación de un protocolo para la observación de audiencias judiciales «que espero ver adoptado».
Indicó también que han formalizado la petición de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales y situaciones de preocupación.
Igualmente tomó nota de la liberación de dos militares que habían cumplido su condena y la libertad condicional de 12 indígenas pemones.
La alta funcionaria siguió alabando otras medidas adoptadas por el Estado como las de proporcionar a algunos detenidos acceso a exámenes médicos y darle seguimiento a la situación de estas personas y compartir oportunamente los informes médicos con sus abogados y familias.
Llamó a estandarizar esta práctica de provisión de alimentos, agua y medicinas «en todos los lugares de detención».
Confirmó que su equipo mantiene el seguimiento, junto al Ministerio Público, a los casos de «presuntas violaciones de derechos humanos y acojo con beneplácito la imputación de nuevos cargos en virtud de la ley contra la tortura en el caso del asesinato del capitán Acosta Arévalo».
Sobre la visita reciente de la Relatora Especial sobre las medidas coercitivas unilaterales contra el país, Alena Douhan, también fue motivo de comentarios por parte de Bachelet, al ratificar que sigue promoviendo para este año la comparecencia en Venezuela de otros relatores especiales «para que se enfoquen en una amplia gama de derechos humanos».
Por lo pronto, están iniciando la evaluación de los términos de la Carta de Entendimiento con el gobierno con vista «a reforzar nuestra cooperación, ampliar nuestra presencia y establecer una oficina en Venezuela».
Si mostró su preocupación por la expulsión de migrantes y refugiados venezolanos en varios países de América Latina.
En concreto señaló que “la militarización de la gestión de las fronteras en Ecuador, Perú y Chile es especialmente preocupante en el contexto del movimiento sin precedentes de venezolanos“.
Resaltó que existen «señalamientos preocupantes de que estas personas están siendo expulsadas sin la debida valoración de sus vulnerabilidades y necesidad de protección».
