La Fiscalía General de la República (FGR) de México inició una investigación principalmente contra el ciudadano Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración de ese país por el incendio en Ciudad Juárez.
En este proceso, otros funcionarios también están bajo el escrutinio de la Fiscalía que indaga sobre el mortal incendio del edificio de Migración en Ciudad Juárez que dejó 41 fallecidos.
“Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco G y Antonio N, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”, señaló la Fiscalía General de la República en un comunicado.
El responsable de las llaves en Ciudad Juárez no estaba en el edificio
Uno de los últimos hechos graves que motivó la tragedia es un aspecto puntual y determinante. Según la Fiscalía, la persona que tenía las llaves de las celdas y el acceso principal no estaba en el edificio en el momento del incendio. Este hecho impidió que otros funcionarios de Migración pudieron abrir las puertas.
De acuerdo con la Fiscalía mexicana, la investigación se produce porque detectó “un patrón de conducta” que apunta a que los responsables del cuido y vigilancia de la institución omitieron las medidas de seguridad.
La Fiscalía aseveró que las medidas de seguridad omitidas eran indispensables y obligatorias como parte de un protocolo para este tipo de incidentes.
El enfoque de la Fiscalía guarda distancia a la postura asumida por el presidente de México, Andrés Manuel Felipe Obrador, quien aseguró que el incendio había sido iniciado por los mismos migrantes.
Violaciones de los protocolos de seguridad no son un hecho aislado
Lo más grave de las afirmaciones de la Fiscalía es que la omisión de las medidas de seguridad no son un hecho aislado, tampoco un asunto meramente circunstancial la noche del 27 de marzo. La Fiscalía aseguró que la omisión de los procedimientos de seguridad son una práctica recurrente.
El 27 de marzo ocurrió un incendio en el centro de Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez que propició la muerte a los migrantes. Los reportes oficiales conocidos dan cuenta de seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, ocho venezolanos y un colombiano.
Por este hecho, la Fiscalía acusa a los responsables del edificio de Migración en Ciudad Juárez por cargos de homicidios y lesiones. No obstante, no se ha precisado sobre las denominaciones legales de los cargos.
Parte de las omisiones de seguridad que expone la Fiscalía está en la contratación sin litación pública a la empresa encargada de la seguridad del edificio. Este hecho constituye desde ya un delito que pasaría a formar parte del prontuarios de los sindicados.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, abundó la FGR.
Este mismo lunes, el presidente López Obrador admitió que los 40 migrantes que fallecieron no pudieron escapar porque la persona que tenía la llave no estaba.
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