Ministerio Público designó dos fiscales en derechos humanos para investigar hechos de La Victoria

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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó la designación de dos fiscales especiales en materia de Derechos Humanos para investigar los sucesos acontecidos en la población de La Victoria desde el día domingo 21 de marzo hasta la fecha.

Según Saab, las investigaciones se harán en coordinación con el Comando Estratégico Operacional de la FANB que dirige el Almirante Remigio Ceballos.

Aunque el informe del Fiscal es escueto, se presume que las indagaciones estarán dirigidas a determinar responsabilidades en la actuación de grupos irregulares dentro del territorio venezolanos que desde hace días se vienen enfrentando a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Entre estos hechos violentos estarían la voladura de la sede la aduana de subalterna del Seniat en La Victoria, el tiroteo a una camioneta de Corpoelec el día miércoles y la colocación de minas antipersonas que presumiblemente ya habrían cobrado la vida de un militar venezolano.

Se espera también que el trabajo de los fiscales del Ministerio Público se focalice en confirmar las denuncias que han hecho varias personas sobre el ajusticiamiento de algunos de sus familiares por parte de funcionarios de seguridad.

Tal es el caso de la denuncia que hizo la señora Raiza Remolina este jueves 25 al señalar que tres de sus familiares fueron sacados de su casa en el sector 5 de Julio de La victoria por efectivos de las FAES y luego aparecieron muertos con indumentaria militar y armas de fuego en la comunidad de El Ripial.

Remolina niega que sus deudos sean terroristas, como fueron calificados en un boletín oficial. Relató que los cuerpos, incluido el de una mujer, tenían signos visibles de tortura.

Sobre este punto el Fiscal agregó que «en caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente».

FAES en el sitio

En cuanto al contingente de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana que fue enviado a la frontera del Alto Apure, la ONG Provea recuerda que el gobierno venezolano no ha cumplido con la recomendación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de disolver a este cuerpo policial.

Por otro lado, lugareños que aún se mantienen en el poblado denunciaron que uniformados saquearon y destrozaron algunas viviendas, llevándose consigo comida, ropa, electrodomésticos y pertenencias personales. En los videos que hicieron llegar a los medios de comunicación se observa cómo también le habrían prendido fuego a algunas casas de El Ripial.

Provea fustigó al Defensor Nacional del Pueblo, Alfredo Ruiz, sobre su silencio a casi una semana de estos hechos cuando se han producido detenciones de civiles y ahora la presunta ejecución extrajudicial de, por lo menos, 5 personas.

Hasta este viernes, Migración Colombia había contabilizado más de cuatro mil personas que se han desplazado hasta la ciudad colombiana de Arauquita, pertenecientes a más de mil familias, producto de la violencia desatada en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez del estado Apure.

El presidente de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, informó este viernes que se habría producido un nuevo enfrentamiento armado entre militares venezolanos e irregulares pero no se conocen más detalles.