La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un nuevo informe y denunció la persistencia de delitos de lesa humanidad y persecución política.
“El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”, declaró la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
El documento, presentado el 18 de marzo, refiere que el “encarcelamiento” o “privación grave” son las prácticas más recurrentes en los cuales incurre el Gobierno de Venezuela. La Misión interpreta estas privaciones como una “grave falta a la libertad física”.
La Misión de Investigación de la @ONU_es sobre #Venezuela ha informado al Consejo de Derechos Humanos que continúa investigando las muertes registradas en las protestas después de las elecciones presidenciales y la posible responsabilidad de agentes del Estado en ellas. #HRC58 pic.twitter.com/7wcGXTnVev
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) March 18, 2025
La persecución política y las detenciones sin cumplir con el procedimiento legal en Venezuela son otra práctica recurrente. Las víctimas son activistas de derechos humanos, políticos opositores al Gobierno nacional, dirigentes comunales, periodistas y profesionales que expresan opiniones contra el Ejecutivo.
En este contexto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela realizó una sistematización de los delitos con la data de las fuentes no gubernamentales.
De acuerdo con los datos de las organizaciones no gubernamentales, entre septiembre y diciembre de 2024 registraron 42 detenciones. A este total se le suman otras 84 personas detenidas solo durante los primeros 15 días de enero de 2025.
Algunas de estas detenciones podrían considerarse desapariciones forzadas de corta duración, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela
Extranjeros están en el foco de vigilancia del Estado y el auge de detenciones
El Gobierno de Venezuela mantiene una vigilancia especial sobre ciudadanos extranjeros que ingresan al país. Estas personas son el foco de atención y detenciones por parte del aparato de seguridad estatal.
De acuerdo con el informe, han detenido a 150 extranjeros en territorio venezolano en un periodo que no precisaron en la presentación del informe. A ese grupo de extranjeros los acusaron de participar en conspiraciones contra el Gobierno.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció que ni los gobiernos de los ciudadanos extranjeros ni las familias de estos conocen del paradero de los detenidos.
Durante la presentación del informe, el experto de la Misión, Francisco Cox, declaró que los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con los detenidos “son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro”. Ante este comportamiento, denunció que Venezuela “está violando normas del derecho internacional”.
“Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”, añadió Francisco Cox.
Ejército y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana “sí dispararon” contra manifestaciones
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció que efectivos del Ejército y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “sí dispararon contra civiles” que salieron en las movilizaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Según la Misión, documentaron el asesinato de siete personas en medio de las movilizaciones por impacto de proyectiles disparados por funcionarios de seguridad de Venezuela.
Los disparos se ejecutaron sin previo aviso desde el interior de una instalación militar, reportó la Misión. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de controlar la protesta se encontraban dentro de esa instalación.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela identificó a tres generales
“La Misión identificó a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes”, señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión.
“El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas”.
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