En el tercer informe anual de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela se dio a conocer que al menos 122 casos están documentados sobre casos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles que han cometido funcionarios de los servicios de inteligencia del gobierno venezolano.
La ONU concluye que las torturas que se estarían ejecutando en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados.
Según el organismo internacional, forman parte de una “maquinaria” y “un plan del Gobierno para reprimir la disidencia”, presuntamente orquestada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Apoyo gubernamental
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien instó a las autoridades venezolanas a investigar estos casos.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
En sus informes anteriores, la Misión ya había destacado el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del Gobierno de Venezuela.
La Misión en su informe destaca que estos casos de torturas se llevaron a cabo en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas), “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
Mientras que el SEBIN, por su parte, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos, entre ellos: políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos, principalmente en el centro de detención de El Helicoide, en Caracas.
El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que el SEBIN y la DGCIM “hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.
Represión
Durante una conferencia virtual, en la que participó el medio de comunicación Infobae, Valiñas remarcó que esas agencias del Estado “fueron parte de una maquinaria orquestada por el Gobierno para reprimir a la disidencia”.
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En la DGCIM, en tanto, se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Además, los investigadores indicaron que las autoridades no hicieron rendir cuentas a los autores de esos crímenes de lesa humanidad, así como tampoco proporcionaron reparación alguna a las víctimas, pese a las reformas judiciales anunciadas en 2021 por el gobierno del presidente Maduro.
Según la Misión, esos cambios “no han solucionado la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia”.
“Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la Misión en su tercer reporte.
“Total impunidad”
El investigador Francisco Cox sostuvo durante la conferencia que estos atropellos a los derechos humanos “se llevaron a cabo en un clima de total impunidad” y consideró que “todos los perpetradores” de las violaciones “deben ser investigados”.
Según reveló Valiñas, las autoridades venezolanas, incluido el presidente Maduro, “no respondieron” a las consultas y llamadas de la misión. En ese sentido, urgió a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela.
Situación en el Arco Minero del Orinoco
En 2016, el gobierno venezolano estableció esa región como una “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” con el objetivo de ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar.
Desde entonces, la zona se encuentra fuertemente militarizada y gestionada por las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Entre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército venezolano y los grupos irregulares, la Misión de la ONU logró documentar la privación ilegal de la vida, desapariciones, extorsión, castigos corporales y violencia sexual y de género.
En el municipio de la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, la Misión también documentó ataques y violaciones contra las poblaciones indígenas.
“La situación en el estado Bolívar y otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en la violenta batalla entre el Estado y los grupos criminales armados por el control del oro”, añadió Valiñas.
En septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe en el que detallaba los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, perpetrados por agentes estatales desde 2014.
En el segundo reporte, presentado un año después, los expertos centraron su investigación en la respuesta del sistema de justicia a esas violaciones a los derechos humanos.
