El 5 de octubre, EE.UU. anunció que reanudaría las deportaciones de ciudadanos venezolanos que no tengan un fundamento legal para permanecer en ese país. Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que es “seguro” para los venezolanos que llegaron a EE.UU. después del 31 de julio regresar a su país de origen. Se trata del mismo Mayorkas que, el 21 de septiembre de 2023, había anunciado la extensión por 18 meses del estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para la población venezolana que había llegado a EE.UU. antes del 31 de agosto “debido a condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura”.

Ante dos anuncios tan cercanos y contradictorios por parte del mismo funcionario de la administración Biden, cabe preguntarse ¿qué significa seguro y cómo cambió el criterio de seguridad sobre Venezuela en cuestión de semanas?

La propaganda oficial según la cual “Venezuela se arregló” demostró tener unas bases frágiles e insostenibles en el tiempo. Esta corta y artificial fantasía se estrelló rápidamente contra una realidad que sigue golpeando severamente a la mayoría de la población venezolana y que ha provocado hasta ahora la salida de 7.8 millones de habitantes.

Han regresado las filas interminables para comprar gasolina y también regresaron los apagones y “bajones” (fluctuaciones abruptas en la carga de electricidad que arruina los electrodomésticos y demás equipos eléctricos) y que se suman a los llamados “cortes programados” que duran varias horas cada día.

Tan solo en el principal hospital de Valencia, estado Carabobo, fallecieron en la primera semana de octubre seis niños a causa de la aplicación de un antibiótico que les generó reacciones alérgicas. En todos los hospitales públicos todavía se les solicita a los pacientes la adquisición de una larga lista de insumos para poder realizar una cirugía, incluyendo desde el agua oxigenada, las batas, guantes y tapabocas para los médicos, hasta los bisturíes y suturas.

El salario mínimo está en US $ 3.70, lo que significa un nivel inferior al del momento en el que la administración de EE.UU. acordó el TPS para la población venezolana.

Los grupos armados irregulares de diverso tipo siguen proliferando y controlando territorio, con afectación de los derechos de los habitantes y dificultades de acceso a la ayuda humanitaria, como lo constató un reciente informe de AlertaVenezuela.

No hay garantías para elecciones libres. Por el contrario, el gobierno está tomando diferentes medidas para preparar un escenario restrictivo hacia las elecciones presidenciales de 2024 que incluye la reactivación de los colectivos armados y de otras agrupaciones de base con capacidades disuasivas hacia los electores, aumento de detenciones y torturas, nueva arremetida contra los pocos medios de comunicación independientes que quedan y contra el sector sindical. Además Venezuela es el único gobierno “de izquierda” que desmanteló al histórico Partido Comunista de Venezuela. Se trata de la mayor escalada en contra del espacio cívico, que fue registrada en el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos (MII), creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Todo lo anterior se sigue produciendo en el marco de una total ausencia de Estado de Derecho, donde las personas se sienten indefensas, debido a la falta de independencia del poder judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, como también ha recogido la MII.

Es sorprendente que un alto funcionario de EE.UU. afirme que es “seguro” regresar a Venezuela, no solo por el panorama ya descrito, sino porque el país sigue calificado por el Departamento de Estado en categoría 4, es decir, el mayor nivel de riesgo, “debido a delitos, disturbios civiles, secuestros y la aplicación arbitraria de las leyes locales”, por lo que recomienda a los ciudadanos de EE.UU. “reconsiderar los viajes debido a detenciones injustas, terrorismo y mala infraestructura de salud”. Si el viaje resulta inevitable, permanece vigente la recomendación de redactar un testamento, llevar sus propios medicamentos con o sin prescripción y adquirir un seguro de evacuación médica. ¿Por qué Venezuela es segura para los venezolanos pero no para los ciudadanos de EE.UU. cuando el nivel de seguridad ni siquiera ha bajado de categoría 4 a 3?

Se habla de negociaciones entre los gobiernos de Maduro y Biden tras bastidores, lo cual no es negativo, pues la negociación y el diálogo son necesarios para superar cualquier situación de conflicto y no siempre deben ser públicos. Sin embargo, ninguna negociación puede renunciar a la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos. Afirmar que Venezuela es -a la vuelta de unas pocas semanas- un destino de retorno seguro resulta inaceptable e injustificable desde la perspectiva de los derechos humanos.

No puede ser seguro deportar a ciudadanos que son puestos directamente en manos del gobierno. Sobran los casos de personas deportadas que han sido torturadas, criminalizadas y señaladas como traidores a la patria. ¿Acaso Venezuela le prometió a EE.UU. proteger los derechos de los deportados? Y, si así hubiera sido, ¿se le puede creer a quienes asesinaron a Fernando Albán cuando regresó de EE.UU. hace 5 años? El suicidio simulado de Albán no fue creíble para la justicia de EE.UU., donde un tribunal acordó una millonaria indemnización para su familia. ¿Se le puede creer a quienes acaban de hacer perder la vista de un ojo a un estudiante, John Álvarez, sometido a torturas? ¿Se le puede creer al único gobierno de la región investigado por crímenes de lesa humanidad?

AlertaVenezuela expresa su alarma por la forzada normalización de las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte de algunos países democráticos. Si bien somos partidarios de agotar todas las vías pacíficas y de diálogo con participación de la comunidad internacional para superar la crisis política, rescatar la democracia y el Estado de Derecho, ello no puede hacerse relativizando el sufrimiento de la población, que fue lo que dio origen en primer lugar al repudio internacional de la dictadura venezolana.

Alerta Venezuela es una ONG de análisis e incidencia internacional en derechos humanos. @AlertaVzlaDDHH

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