La organización no gubernamental Nicaragua Nunca Más contabilizó, hasta el cierre de noviembre de 2024, un total de 229 sobrevivientes de tortura en ese país.
A las personas víctimas de torturas las detuvieron en el 2018 en medio de las protestas antigubernamentales que rechazaban las políticas de Daniel Ortega.
“Se han sistematizado 229 testimonios de personas sobrevivientes de tortura”, destaca el informe de la ONG que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
“Con el inicio de las protestas en 2018, se estableció la práctica de detenciones arbitrarias con la intencionalidad de transmitir un mensaje de terror y de control a la población”, afirmó el informe.
Nicaragua Nunca Más denunció que también identificó más de 40 formas o métodos de tortura que aplican funcionarios de seguridad y de inteligencia del Gobierno de Ortega.
Entre las formas de tortura más comunes, los sobrevivientes identificaron la asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, simulación de ejecución o desprendimiento de uñas o piezas dentales, entre otras.
El informe también muestra que el Estado nicaragüense procesó a más hombres que mujeres desde el punto de vista porcentual con 183 hombres frente a 46 mujeres.
Tortura en Nicaragua: detenciones arbitrarias y sistematicidad
Desde el arribo al poder Daniel Ortega, las persecuciones, detenciones y torturas son ejecutadas de forma sistemática. Entre el 2018 y 2024, han llevado a cabo más de 2.000 detenciones que se consideran arbitrarias.
El 40 % de las detenciones fueron ejecutadas por “agentes paraestatales” a disposición del Gobierno y actúan como una tercera fuerza armada.
Estos grupos son civiles armados que actúan con el reconocimiento del Estado y asumen funciones de la policía y funcionarios de inteligencia. No obstante, son civiles que aparentemente no guardan relación con el Estado y por lo contrario, estarían ligados a organizaciones criminales.
A los integrantes de estos grupos los señalan por asesinato, desaparición forzada, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier tipo de violencia sexual. Todas las prácticas de los agentes paraestatales y funcionarios del Gobierno son consideradas crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, en tres meses
Desde febrero de 2023, el Gobierno despojó de la nacionalidad nicaragüense a unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos exiliados o expulsados del país.
Con información de Reuter y EFE.
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