La reciente designación de una comisión para la reestructuración del Poder Judicial en Venezuela abre el debate sobre la profundidad y transparencia que requiere un proceso de esta magnitud.
En una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Juan Berrios, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, analizó los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de justicia y las condiciones necesarias para que una reforma sea efectiva y goce de confianza ciudadana.
Berrios destacó que la revisión no debe limitarse exclusivamente a los tribunales o al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues bajo el concepto constitucional, el sistema de justicia abarca un complejo entramado que incluye al Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el sistema penitenciario, los órganos de investigación policial y la formación de los abogados.
“No es simplemente mudar los tribunales de un edificio a otro o instalarles aire acondicionado. Hay asuntos de fondo que deben ser corregidos”, enfatizó Berrios.
Para evitar el fracaso de este nuevo intento de reestructuración, Berrios identificó tres problemas críticos:
Estabilidad y Carrera Judicial: Es imperativo que el ingreso de jueces y secretarios se realice mediante concursos públicos y no por designaciones discrecionales. Se estima que cerca del 80% de los jueces en el país son provisorios, lo que compromete la imparcialidad e independencia ante intereses políticos.
Formación Académica: Existe una preocupación por la falta de una guía estructurada y pública en la Escuela Nacional de la Magistratura, lo que pone en duda el alcance y la orientación de la capacitación que reciben los funcionarios.
Justicia Penal y Situación Penitenciaria: Es necesaria una revisión exhaustiva del Estado de los expedientes de personas privadas de libertad para resolver el retardo procesal, un problema agudizado en los últimos años.
El factor internacional y la transparencia
Un punto relevante abordado fue la reincorporación de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tras decisiones judiciales internacionales recientes, el país vuelve a estar bajo la competencia de la Corte Interamericana.
No obstante, Berrios advirtió que para que esto sea efectivo, el Estado venezolano debe asumir el “control de convencionalidad”, obligando a los jueces nacionales a fundamentar sus decisiones en tratados internacionales de derechos humanos.
Concluyó que para que esta comisión gane legitimidad, el Ejecutivo debe presentar un plan de trabajo público y transparente.
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