La reunión entre el presidente colombiano Iván Duque y representantes del Comité del Paro no tuvo resultados positivos. Ambas partes, al levantarse de la mesa, ratificaron que no hubo acuerdos que pusieran fin a la tensión que se vive en el país desde finales de abril. Las protestas continuarán en todo el territorio nacional.
Luego de conocerse este anuncio los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales que lideran los reclamos ciudadanos convocaron a un nuevo paro nacional para este miércoles 12 de mayo.
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela, declaró a medios internacionales que el mandatario colombiano no ofreció ninguna concreción en «los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente».
Según Orjuela en el «tema de negociación evadió (el Gobierno) totalmente la palabra negociación y que nombraba un equipo para que empezáramos a trabajar, pero sin ninguna claridad nosotros no vamos a repetir lo que sucedió en el año 2019 y comienzos de 2020».
Al encuentro, efectuado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, asistieron además del presidente Duque, la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro.
También participaron como mediadores el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, y el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao.
Pero a pesar de las expectativas y de la presencia de estas delegaciones, el fracaso parece ser estruendoso. Por lo menos así se desprende de las declaraciones que dio a periodistas del patio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, quien afirmó que «no hubo empatía del Gobierno» con los motivos de las protestas ni «con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes».
Agregó que «hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta».
La fuerte represión policial a las movilizaciones, por un lado, y la actuación de grupos de civiles armados en ciudades como Cali y Valle del Cauca, por el otro, le han puesto más combustible del necesario a los reclamos de la sociedad colombiana que exige que se acaben las desigualdades y mejoras económicas y sociales.
