No hubo negligencia al tratar caso de violencia en el Colegio Loyola Gumilla

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Padre Arturo Peraza. Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

Este viernes 6 de mayo se efectuó la audiencia de presentación en el Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, estado Bolívar, de la directora del Colegio Loyola Gumilla, Sara De Freitas, por un hecho de violencia escolar.

En declaraciones ofrecidas a Radio Fe y Alegría Noticias, desde las afueras del Palacio, el padre Arturo Peraza denunció que aún se desconoce el motivo por el que fue citada la directora ni los motivos porque el que se le vincula con el incidente violento ocurrido en el centro educativo “ya que (ella) no estaba en la sede, puesto que había culminado el horario escolar”.

“El colegio desde el primer momento rechazó cualquier acto de violencia. No hemos sido en lo absoluto negligentes en lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. Hay un protocolo establecido y funcionó como tenía que funcionar”, indicó.

El padre Peraza explicó que luego del hecho, una docente citó a ambos jóvenes y se le llamaron a sus representantes. Además, se les citó para el día siguiente y se invitó a los organismos públicos responsables como la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente para que actuara en el procedimiento.

“Quiero insistir en que no hubo negligencia en el procedimiento que el manual convivencia de la institución establece en los procesos educativos”, reiteró.

El padre también expresó su lamento y el de toda comunidad escolar por tratarse a la directora como un “objeto de un interés oculto del fiscal” ante este suceso de violencia escolar.

“La directora es una persona dedicada y comprometida con la educación popular. De hecho, el Colegio Loyola Gumilla agradece que haya aceptado al final de su carrera apoyarnos en el colegio. Es docente de la UCAB y madre de dos hijos”, destacó.

Violaciones a los derechos de los menores

Afirmó que le parece un “atropello” que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, haya publicado en Twitter los rostros de los jóvenes que los protege la ley venezolana en el artículo 65 por ser menores de edad.

“El fiscal incide en el abuso al publicar el nombre y apellido de uno de los menores. Esto violenta su derecho”, subrayó.