En 2016, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, en la cual se estableció un plan estratégico para alcanzarlos en el término de 15 años. Venezuela asumió desde 1999 el compromiso no sólo de cumplir con esas metas internacionales, sino de aumentar la calidad de vida de la población, lo cual a pesar de ciertos nichos y burbujas como son algunos municipios del este de la capital, la triste realidad dice lo contrario. Fuentes serias, respetables e independientes como la Cepal, llegaron a estimar en un momento como un caso excepcional en la región, el crecimiento de la economía venezolana cercano a 10%, frente al de la región de apenas 2,7% del PIB.
Estas expectativas dieron lugar a una ilusión óptica, propia de los caminantes perdidos en el desierto. La creencia de que “Venezuela está cambiando”, un eslogan publicitario propio de tiempos electorales, es como querer tapar el sol con un dedo. Lo cierto es que el crecimiento a finales del año pasado se ralentizó. Dichas estimaciones, desafortunadamente están demostrando que este crecimiento no es ni siquiera estacional, no es coyuntural y menos aún sostenible; fundamentalmente por falta de políticas públicas, cónsonas con las necesidades del sector productivo privado, al encontrarse la industria petrolera en uno de sus peores momentos, no necesariamente por las “medidas unilaterales y coercitivas” del malévolo imperio; si no por la mala gerencia, politización y corrupción de la Pdvsa roja rojita.
A pesar de la opinión del oficialismo y de algunos sectores económicos y financieros interesados, el país con vis al resto de la actividad económica de América Latina y el Caribe, ha entrado en un significativo rezago en la fase de recuperación poscovid-19, lo cual revela que Venezuela está inmersa en la más severa crisis socioeconómica que haya encarado país latinoamericano alguno en la historia moderna, con sombrías perspectivas de recuperación en el corto plazo y sin que se vislumbre una voluntad política decisiva para diseñar e implementar un programa económico integral, que atienda los desequilibrios macroeconómicos, las profundas distorsiones de los precios relativos y la disfuncionalidad de instituciones que mantienen la economía en un estado de caos; pero lo grave es que las perspectivas a futuro son peores sino hay un cambio de dirección de 180 grados.
Como se indicó al principio, Naciones Unidas estableció un programa de acción con 17 objetivos específicos para el 2030: Término a la pobreza; Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua y saneamiento personas en el mundo.; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, Innovación e Infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; Producción y consumo responsables; Acción por el clima; Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y mares; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas; Alianzas para lograr los objetivos.
Sin embargo, al paso y al ritmo que vamos difícilmente se logre cumplir dichas objetivos; la gerencia moderna incluye lo que se denomina Cumplimiento Normativo, también conocido como ”compliance”, entendido este como un conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación. El objetivo principal del cumplimiento normativo es prevenir y minimizar los riesgos legales, financieros y reputacionales que pueden derivar en incumplimientos normativos y de objetivos.
Este es el caso con el incumplimento de Venezuela con los Objetivos de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible. En un examen sobre las políticas gubernamentales para alcanzar al menos el nivel medio o promedio de los 17 objetivos, el gobierno no pasaría dicho examen. Si se escogen los primeros cuatro objetivos de carácter social y económico, partiendo de la eliminación de la pobreza, este no se logra y combate con bonos, pensiones y jubilaciones que no llegan a un dólar diario (30$) al mes, lo cual representa una burla a quienes entregaron sus fuerzas de trabajo a la espera de una retribución digna del Estado; el segundo objetivo directamente relacionado con el primero: “Hambre cero” es un eufemismo con sueldos de hambre; la salud y el bienestar, no es posible si un sistema de salud moderno y eficiente. El “Todos juntos” de nuestros jóvenes en labores de limpieza en las autopistas, en lugar de estar en una escuela técnica, aprendiendo oficios productivos; como también es muy difícil que se pueda lograr el cuarto objetivo de “una educación de calidad”, cuando los maestros y profesores tienen sueldos de miseria.
Nos queda en plural, porque todos somos corresponsables, apenas siete años para cumplir con el compromiso contraído en 2015. Con índices de desarrollo por debajo de las líneas medias, será imposible salir de la pobreza extrema en que se hunde el país. La solución está en que todos juntos empujen hacia adelante, pero la principal responsabilidad es del gobierno.
Gerson Revanales es internacionalista y profesor universitario. @grevanales
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