El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exige que el asesinato del joven Rafael Hernández sea esclarecido y los culpables sean condenados.
A través de un comunicado, el organismo ve con preocupación que el lapso de tiempo transcurrido entre el asesinato y la llegada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), no garantiza que las evidencias se hayan conservado o no hayan sido alteradas.
Funcionarios del Cicpc acordonaron parte del lugar donde se produjo la muerte de Rafael, pasadas las nueve de la mañana de este martes 5 de mayo, más de 12 horas después de transcurrir el delito.
Esta tardanza, afirman desde el observatorio, no halla justificación siendo que la sede regional del CICPC está a escasas cinco cuadras del lugar donde ocurrieron los hechos. La inspección de ley se hizo, además, luego de que transeúntes y vehículos circularan por el área, lo que permitió contaminar el lugar del suceso.
Es «injustificable», reza el comunicado, que la protesta pacífica ciudadana por las deficiencias de los servicios, se castigue con la muerte. El ODH-ULA reitera que se debe propiciar una investigación objetiva y transparente que dé con los responsables.
Así mismo, reitera la exigencia en torno al cese de la política de amedrentamiento y los ataques a la ciudadanía por parte de organismos de seguridad y grupos afectos al poder.
