La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reveló que durante el mes de febrero se cometieron 63 ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela.
La organización también destacó que en enero de este mismo año se generaron al menos 105 incidentes.
En la publicación hecha por la ONG en su página web se destaca que “continúa la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos con avances normativos restrictivos del Espacio Cívico y Democrático”.
Asimismo, dijo que el contexto para la «defensa, exigencia y promoción» de los derechos humanos en Venezuela se torna más «restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos».
También señala que los ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de febrero demuestran el recrudecimiento de los patrones de agresión que configuran la Política de Criminalización.
Estigmatización, intimidación y hostigamiento
Del total de casos, 39 fueron de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, siete de amenaza y un ataque digital.
Asimismo, el 84 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y 16 % las personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron funcionarios públicos: 46 % de los casos; le siguen los medios de comunicación (24 %); personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %); instituciones públicas (10 %); y organismos de seguridad (3 %).
El informe resalta que se siguen utilizando medios de comunicación al servicio del Estado como plataformas para las campañas de estigmatización y llamados a la violencia.
La ONG sostuvo que para el «fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de derecho» es necesario garantizar la protección de un espacio cívico libre, así como la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de los derechos.
«Para ello, el Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan la crisis de los derechos humanos y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja», añadió.
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