Este lunes 6 se marzo se hizo público el informe Situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela – enero 2023 del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y detalla que la estigmatización es un patrón de agresión constante.
En dicho informe, las estadísticas de ataques a defensores de Derechos Humanos demuestra que la estigmatización es un patrón de agresión persistente por parte del gobierno del presidente Maduro que ha tomado auge desde el mes de enero de 2023.
Según reseñan, esta forma de ataque se ha hecho más evidente desde la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG desde la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez.
Hay que destacar que el mencionado proyecto de Ley fue aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, el 24 de enero de 2023.
Lo que dice el informe
De acuerdo con las estadísticas que presenta el informe, solo en el mes de enero de 2023 se registraron 105 ataques de diferentes formas a las ONG y defensores de los Derechos Humanos Venezuela.
Todos los ataques tienes como destinatarios a los defensores, promotores y dirigentes que exigen respeto los Derechos Humanos y a la Constitución.
La ONG destacó que la estigmatización se mantiene como el principal patrón de agresión por parte del Estado usado en 68 ocasiones.
Le siguen la intimidación y el hostigamiento con 25 ocurrencias en enero de 2023. El tercer mecanismo es la amenaza y que fue usada en 10 ocasiones. El resto lo componen la detención arbitraria (1) y ataques digitales (1).
Ataques a defensores de DDHH toman nuevo auge
A través de un informe, el CDJ señaló que las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático.
La aprobación de dicha Ley configura en Venezuela un marco mucho más restrictivo para el ejercicio de la defensa de los DDHH. Por su parte, el Estado utiliza sus instituciones para ejercer la hostilidad de manera disfrazada de constitucionalidad.
Algunos epítetos son muy comunes. Calificaciones como «enemigos», «traidores», «desestabilizadoras» son los más usados para descalificar a las personas, según el informe.
La criminalización, represión y control social representan una Política de Estado restrictiva del espacio cívico y democrático.
«El recrudecimiento de la criminalización incrementa los riesgos para las organizaciones y personas defensoras», según el informe.
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