De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), los patrones de agresión y amedrentamiento contra activistas por los derechos humanos en Venezuela acumuló durante el 2022 un total de 396 ataques.
El centro señaló en su último informe que estas cifras representan una disminución de 47% en relación al mismo período en 2021, cuando se documentaron 743 casos.
Según el CDJ, los patrones de agresión documentados fueron: la estigmatización (246), intimidación y hostigamiento (95), amenazas (34), ataques digitales (8), judicialización (4), detención arbitraria (2), otros casos (7).
La mayoría de estos hechos de “represión, criminalización y control” afectó principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
“Durante el período se observó el hostigamiento, la intimidación y la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar al movimiento de derechos humanos”, destaca el informe de la CDJ.
Asimismo, la ONG documentó un aumento del uso del derecho penal para perseguir, amenazar e intimidar bajo la lógica del enemigo, así como la continuidad de las medidas que criminalizan la cooperación internacional.
2022: año de retos y obstáculos
El Centro para los Defensores y la Justicia también expuso en su informe que la defensa de los derechos humanos en Venezuela sigue derivando en la implementación de medidas represivas y de control social orientados a limitar y obstaculizar estas acciones, así como también para atemorizar y neutralizar a las personas y organizaciones defensoras.
“El ejercicio del derecho a defender, exigir y promover derechos humanos de forma libre y sin represalias sigue amenazado por restricciones normativas, obstáculos, acciones violentas que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectaron y condicionaron aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones”, se lee en el informe.
El Centro para los Defensores y la Justicia hizo un llamado a los distintos actores políticos y de la comunidad internacional a velar porque se garantice que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a ser criminalizados o perseguidos.
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