Este martes 24 de enero, por votación mayoritaria, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y afines.
La propuesta fue hecha por el diputado y dirigente nacional del PSUV Diosdado Cabello, quien alegó que el instrumento legal es una respuesta a una «situación irregular» registrada en el país, «casualmente con mayor fuerza» en el ejercicio presidencial de Nicolás Maduro.
En su intervención Cabello insistió en que detrás de las «fachadas» de estas ONG existen dirigentes y partidos políticos de oposición que buscan conspirar contra la institucionalidad, democracia y gobernabilidad en Venezuela.
Aseveró que «veremos que son gente que están a cuerpos de reyes, que se la pasan viajando». Y añadió que estas organizaciones supuestamente son «apéndices de organismos que operan para garantizar al imperialismo su operación en mundo el entero».
Igualmente el parlamentario afirmó desde la tribuna de oradores que de las 62 ONG que funcionan en Venezuela, ya se habrían identificado las primeras organizaciones no gubernamentales presuntamente vinculadas a planes conspirativos. Entre ellas mencionó a Provea, Súmate, Futuro Presente, Lidera, Instituto Parlamentario Fermín Toro y Más Ciudadanos.
Adelantó que avanzarán en la investigación de estas organizaciones para averiguar los nombres de sus directivos, los financistas y los destinos de los fondos que reciben, aspectos que fueron rechazados el año pasado cuando se intentó discutir la ley de cooperación internacional.
Por la bancada de la oposición salvó su voto el diputado José Brito, del partido Primero Venezuela, por considerar que no se tuvo conocimiento amplio del proyecto de ley y a su vez propuso que se creara una comisión especial para una consulta amplia pero la misma fue desestimada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello identifica las primeras ONG que serían ilegalizadas con nueva ley chavista: Súmate, Futuro Presente, Lidera, Provea, Instituto Parlamentario Fermín Toro y Más Ciudadanos https://t.co/c0FHsVwBU6 pic.twitter.com/BeFFyBwchF
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 24, 2023
Acceso a la Justicia: no se conoce el texto del proyecto de ley
Una vez conocida esta primera decisión la ONG Acceso a la Justicia reflejó en un hilo de Twitter algunos elementos que ponen en riesgo el trabajo de estos movimientos del espacio cívico humanitario en el país.
En primer lugar señaló que «el proyecto de ley no tiene el mismo nombre que el presentado el año pasado, conocido como “Proyecto de Ley de Cooperación Internacional” ni se conoce aún su texto».
Por otro lado, alerta que «al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las “ONG y afines”, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela».
#AlertaLegal El proyecto de ley no tiene el mismo nombre que el presentado el año pasado, conocido como “Proyecto de Ley de Cooperación Internacional” ni se conoce aún su texto #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) January 24, 2023
Lo que estipula el proyecto de ley
El borrador de proyecto de ley establece en su artículo uno que tiene por objeto que debe establecerse un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento.
«Son sujetos de aplicación de esta ley, así como de las normas y regulaciones de rango sublegal que se dictaren con base a ella, las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades en la República Bolivariana de Venezuela, que adquieran por la vía jurídica o de hecho, la forma de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, que desarrollen actividades no financieras incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos. Se exceptúan aquellos sujetos que, por la naturaleza propia de la actividad que ejercen, se rigen por una normativa legal especial, así como aquellos sujetos que, de manera expresa, sean exceptuados del régimen previsto en esta ley», se lee en el artículo dos del proyecto.
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