La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su rechazo a la sentencia de 16 años de cárcel impuesta por la justicia venezolana a seis sindicalistas, señalando que esta decisión ejemplifica el “abuso crónico” de la legislación antiterrorista para reprimir el malestar social y perseguir a líderes sindicales.
La información, difundida por Suprema Injusticia de Transparencia Venezuela, destaca que según los relatores Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación de la ONU, las condenas de prisión tan severas buscan silenciar a los actores de la sociedad civil y limitar el espacio cívico en Venezuela.
Además, advierten que estas condenas podrían disuadir a otras personas de participar en actividades disidentes o asociativas contrarias al gobierno.
El Tribunal 2 de Juicio Antiterrorista de Caracas condenó a Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco Alonso Meléndez y Emilio Negrín, quienes habían participado en las protestas de 2022 debido a la implementación del polémico instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). El juez los declaró culpables de conspiración y asociación para delinquir.
En su pronunciamiento, la ONU alertó sobre el uso indebido de las leyes antiterroristas para restringir los derechos sociales y económicos, así como la libertad de asociación. Los relatores de la ONU también señalaron que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y excepcionalidades, citando denuncias de los abogados de los sindicalistas sobre la falta de presencia del testigo principal y la utilización de pruebas no autorizadas por ningún juez.
La condena a los sindicalistas en Venezuela se ha convertido en un mal precedente, según los expertos de la ONU.
Mientras tanto, el fiscal general Tarek William Saab, quien había negado la sindicalización de los acusados, enfrenta contradicciones, ya que la Organización Internacional del Trabajo confirmó que uno de los sentenciados, Emilio Negrín, participó en reuniones del Diálogo Social promovido por la organización.
Con información de Suprema Injusticia
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